Existe una percepción generalizada, pero no por ello acertada, de que las consultas populares son más democráticas que cualquier otra forma de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Esta idea surge, en parte, de un contexto de distanciamiento profundo de la autoridad electa respecto de la ciudadanía, agudizada ya durante años. Sea diputado, senador o Presidente, es poco frecuente, si acaso sucede, que nuestros representantes mantengan una comunicación y diálogo cercanos con sus representados una vez que son electos por el voto popular.
Además, el enriquecimiento inexplicable, la corrupción y la desigualdad han favorecido un contexto donde nuestros representantes populares se perciben, y mucho son de hecho, planetas a años luz de distancia en el firmamento de nuestra democracia representativa.
Pero eso no significa que la democracia directa, la consulta popular frecuente, el referéndum constante sean instrumentos, en sí mismos, más democráticos o favorables para resolver asuntos públicos, de forma incluyente, deliberativa y participativa. De hecho, si no cumplen con un conjunto de estándares mínimos, las consultas pueden ser lo contrario, aunque aparenten otra cosa: excluyentes, polarizantes y restrictivas a la discusión pública informada.
El 21 y 22 de marzo, el Gobierno Federal llevó a cabo lo que la autoridad denomina como “ejercicio participativo” para decidir, vía consulta a la ciudadanía, la instalación, o no, de una planta cervecera en Mexicali, Baja California. Este ejercicio se suma a otros dos que se han llevado a cabo hasta ahora, con rasgos similares de organización, base legal y resultados: uno sobre el Proyecto de desarrollo Tren Maya, en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán (15 de diciembre de 2019) y otro sobre la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, Puebla y Tlaxcala (23 y 24 de febrero de 2019). Los resultados de estos tres ejercicios, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, se pueden consultar en línea.
¿En qué grado estos “ejercicios participativos” cubren estándares mínimos necesarios de una democracia directa, participativa y deliberativa? A continuación, una relación no exhaustiva de esos atributos básicos.
Anclada en la ley. En México, la consulta popular se incorporó en la Constitución en febrero de 2014 y la ley respectiva fue aprobada en marzo del mismo año. En al menos en 17 entidades federativas existen a su vez leyes que regulan este tipo de mecanismos. Ese es el marco que, en la actualidad, da soporte legal a cualquier ejercicio de consulta popular en México. No hacerlo bajo esas reglas es vulnerar la legalidad misma del ejercicio participativo.
Se trata de dar certeza y orden a una práctica que tiene implicaciones legales (como cancelar una inversión en marcha o aprobar un proyecto que favorecer y, al mismo tiempo, afecta a miles o millones de personas). Los “ejercicios participativos” llevan en el nombre su pecado: no les podemos llamar consultas populares o ciudadanas, aunque sí lo son, porque estarían fuera de la ley.
Preguntas claras y sesgos limitados. El fraseo y forma en que se pregunta a la ciudadanía en una consulta es clave. Junto con una deliberación pública amplia, las preguntas deben ofrecer un mínimo de información necesaria para comprender el asunto a discusión y qué ésta no esté inclinada hacia alguna de las opciones que se someten a consulta. Preguntas confusas o demasiado simples pueden afectar el resultado.
Una deliberación pública suficiente. La calidad de la discusión pública sobre el tema que se somete a consulta popular es quizá el atributo más importante para que el proceso sea de calidad, para que la ciudadanía emita su juicio con información suficiente respecto de la decisión que se pone a su consideración, las alternativas disponibles y sus efectos previsibles. Difusión, espacios de deliberación y tiempo para el debate son esenciales.
Contar con espacios deliberativos, tener acceso a información suficiente y válida y un diseño de las preguntas sin sesgo es clave para dotar de imparcialidad una consulta. Por ello, es idóneo que estos ejercicios participativos estén a cargo de una instancia o autoridad ajena a los resultados directos de la consulta, o que se creen mecanismos institucionales para que quien organice la consulta garantice imparcialidad.
Un mínimo de participación para hacer obligatorio su resultado. El artículo 35 de la Constitución señala que el resultado de una consulta popular será vinculatorio, es decir, obligatorio para la autoridad, cuando la participación total sea de al menos 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal (LN).
Esta regla busca que, independientemente de la opción por la que vote la ciudadanía, haya al menos un mínimo de ciudadanos que participen en la decisión y que ésta no la tomen un puñado de personas, por más legítimo que sea su interés. Solo como ilustración, la tasa de participación en el “ejercicio participativo” sobre la planta cervecera en Mexicali fue de cerca de 5% de la LN.
La forma representativa de la democracia, esa que nos convoca cada cierto tiempo para elegir a nuestros gobernantes, tiene que renovarse para sobrevivir y una ruta para hacerlo es fortalecer las formas participativas de la democracia. Pero debe hacerse bajo reglas y procedimientos que ofrezcan certezas y claridades, con reglas claras y alcances definidos. De lo contrario, la democracia directa y sus mecanismos pueden no solo ser disfuncionales, sino deteriorar aún más a la ya erosionada democracia representativa.
