Se ha anticipado que en los próximos días la Cámara de Diputados publicará la convocatoria para designar a cuatro consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes integrarán el máximo órgano de decisión, el Consejo General, de la más importante autoridad electoral del país, el INE, y se sumarán a un 7 consejeras y consejeros que continúan en funciones. El 4 de abril de este año concluyen sus funciones la consejera Pamela San Martín y los consejeros Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nacif.
El procedimiento que la Cámara de Diputados debe seguir para estas designaciones está descrito en la Constitución y la ley electoral. Los pasos ahí descritos son claros y puntuales, pero no del todo exhaustivos. La convocatoria que emita la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso deberá estipular aspectos precisos para la que será, sin duda, una de las designaciones públicas más importantes de este año.
La Cámara de Diputados enfrentará en estas designaciones al menos cuatro desafíos centrales:
1. Hacer de este un proceso auténticamente abierto y transparente. Desde que inició, las referencias a la “nueva” práctica del parlamento abierto en la actual la LXIV Legislatura han sido múltiples, pero han estado lejos de serlo. El parlamento abierto y las designaciones abiertas, que forman parte de aquel, suponen principios y prácticas que permiten una nueva forma de ejercer el poder legislativo. Esto es lo que deben promover las y los diputados, y todos exigirles, en la designación de las y los cuatro nuevos consejeros. Hay experiencias importantes de procesos de designaciones abiertas en México, como los comisionados del INAI en 2014 o los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que rescatarlos. En ello, la sociedad civil organizada será clave. La apertura y transparencia reducen la posibilidad de decisiones discrecionales.
2. Identificar los mejores perfiles, con un procedimiento de evaluación exhaustivo. Decidir a quién designar en una función pública en contextos menos que democráticos es fácil: basta con que una autoridad gobernante (por ejemplo, la presidencia o una mayoría relativa en el congreso) así lo decida, sin mayor justificación o argumento. En una democracia, la designación debe estar soportada no solo por una mayoría calificada (idealmente por consenso), sino en una argumentación explícita, clara y fundamentada, partiendo de un perfil idóneo o esperado, en función de las exigencias del cargo que se ocupa y de la institución a la que se llega.
Justo a esa tarea deberá abocarse el comité técnico de evaluación que tendrá a su cargo valorar los aspirantes a ocupar uno de los 4 cargos de consejero electoral. De acuerdo con la Constitución, el comité estará integrado por 7 personas: tres propuestas por la Jucopo, dos por la CNDH y dos por el INAI. Este comité deberá diseñar una metodología de evaluación, que debe ser avalada por la Jucopo. Esa metodología y su aplicación deben garantizar exhaustividad en la evaluación de las y los aspirantes, para asegurarnos que se estará designando a los mejores perfiles.
3. En una democracia, donde la regla de la mayoría suele ser la que predomina en la política real, el consenso suele ser una aspiración anhelada pero no siempre lograda. Pero en temas electorales, cuando se trata de definir las reglas del juego democrático y conformar las autoridades que las harán cumplir, el consenso es casi una exigencia. El consenso es fuente de legitimidad y su ausencia puede interpretarse como imposición política, lo que conduce a conflictos electorales posteriores.
La Constitución señala que las y los consejeros deben ser designados con los votos de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Por tanto, el consenso es innecesario, pero la experiencia muestra que dejar a actores fuera de la decisión, incluso si en su momento son minoría, genera costos de legitimidad en la autoridad electoral. Construir una decisión de consenso en torno los nuevos consejeros y consejeras designadas será por ello un desafío importante.
4. Al ser la autoridad más importante a nivel nacional en materia de organización de elecciones, y árbitro en las contiendas y divergencias entre partidos y candidaturas, es fundamental que el Instituto se conduzca de forma autónoma e imparcial en sus decisiones y operación, tal como lo hace ahora.
Por tanto, otro desafío que enfrenta el Congreso, quizá el políticamente más significativo es designar a cuatro consejeros o consejeras electorales que tengan el perfil, los antecedentes y las aptitudes que contribuyan a conservar y hacer valer la autonomía que la Constitución le otorga al INE. Esto será consecuencia no solo de un procedimiento de designación pulcro, sino resultado de una decisión política que tomen todas las fuerzas representadas en el Congreso.
¿Estará la Cámara de Diputados y todas las fuerzas políticas a la altura de estos desafíos? ¿Desaparecerá la lógica de “cuotas y cuates”? Lo veremos en las próximas semanas.
