Recientemente fueron aprobadas desde el Senado de la República dos reformas constitucionales relacionadas con la democracia participativa: revocación de mandato y consulta popular. En cuanto a la primera materia, quedó establecido en la ley que corresponderá únicamente a los ciudadanos la iniciativa para poner en marcha tal procedimiento, cediéndose a los resquemores de la oposición de que tal derecho también lo tuviera el presidente. Además, la posibilidad de iniciar el procedimiento de revocación de mandato también podrá aplicarse a los gobernadores de las entidades federativas, y en cualquier caso, la consulta deberá ser organizada por el INE.
Respecto a la consulta popular se hicieron modificaciones que permitirán realizar el procedimiento de consulta sobre temas de interés regional, manteniéndose como un derecho de los ciudadanos la iniciativa de solicitar este procedimiento, así como de las cámaras del Congreso. No obstante, se mantienen como restricciones las relacionadas con los derechos humanos, tratados internacionales, gasto y egresos del erario y obras públicas en ejecución, por lo que estas cuestiones no podrán ser objeto de ninguna consulta. En ambos mecanismos la fecha de su posible realización no deberá coincidir con la de alguna jornada electoral antes prevista.
Valdría la pena cuestionarnos: ¿Por qué la posibilidad de ejercer la revocación de mandato tendría que estar solamente dirigida en contra de los poderes ejecutivos, ya sean los locales o el federal?, ¿Qué acaso los diputados federales, los locales, los alcaldes y los senadores de la república no fueron también elegidos democráticamente? No hay ninguna razón para volver a unos funcionarios impunes y a otros no. Estos últimos cambios siguen siendo inconsistentes, por ejemplo, estableciendo que un Presidente revocado en el procedimiento dicho, dejaría el cargo después de su tercer año de ejercicio. Debió haberse previsto un principio de generalidad democrático que estableciera que todo representante electo por voto popular podría ser revocado a la mitad de su periodo de ejercicio, si se cumplieran todos los requisitos de ley, ya fuera alcalde, senador, gobernador o el Presidente de la República.
Por otra parte, al sobrevivir los insalvables filtros para convocar a una consulta popular, se dificulta demasiado que este sea un mecanismo que de verdad esté al servicio de los ciudadanos, en este caso hay que preguntarnos: ¿qué tema realmente trascedente o importante que se someta a consulta no impactará en el presupuesto público programado?, ¿la restricción de la consulta sobre temas de egresos y gasto serán una excusa para bloquearla constantemente? Además, la reforma mantiene la salvaguarda de la Suprema Corte para que ésta pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de las cuestiones sometidas a consulta, pero con el ilógico e incoherente procedimiento que se tenía: primero se recolectan las firmas para solicitar una consulta y después se decide si es constitucional o no ¿No debería ser esto exactamente al revés?
Al parecer, seguimos dando pasos en falso en esta materia. No se logran conjugar todavía definiciones claras y bien dirigidas que den certezas a los intentos de democratización de la vida política del país. Los derroteros para avanzar en estos temas aún no aparecen.
Por otra parte, y aunque parezca que se aleja de tema, habría que mencionar el caso de la reciente renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato petrolero. Sale un muy cuestionado dirigente como producto de la presión política, pero en lugar de abrirse un proceso de democratización que sea ejemplo para la vida sindical en el país, sigue sin interrumpirse la misma política real de decisiones cupulares y acuerdos en lo oscurito, con todo y las promesas de mejora que se hicieron sobre esto, con la última reforma laboral aprobada. Ante estos hechos, pareciera que si tenemos una cabal certeza: no tenemos casi ninguna certeza cuando queremos avanzar en la democratización de muchos aspectos importantes de la vida del país.
