Noviembre fue un mes clave en materia de derechos humanos a nivel internacional. En primer lugar, al veinteavo día del mes, se le conoce como el Día Internacional del Niño y de la Niña, en el cual se conmemora la firma de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN).
Por otro lado, el día 25 se conmemora el Día Internacional de la Violencia en Contra de las Mujeres.
Como humanidad podemos reconocer algunos avances significativos en materia de protección y garantía de los derechos de la niñez, adolescencias y mujeres; sin embargo, no podemos permitir que se eclipsen las brechas en la erradicación de las violencias hacia estos grupos, que representan el 67% de la población total.
Intentaré señalar lo que aún nos hace falta como Estado en materia de garantía y protección de los derechos.
En pleno 31° aniversario de la CDN, los medios de comunicación nos estremecieron con la noticia del brutal homicidio de los niños Yair y Héctor en el Centro Histórico de la CDMX. Es realmente alarmante que, en nuestro país, en lo que llevamos en confinamiento se hayan cometido 822 homicidios hacia niñas, niños y adolescentes, y el incremento en el promedio diario de este delito se mantenga.
Además, la violencia en contra de las mujeres también ha incrementado, tan solo en 2020 se han registrado 801 feminicidios.
Entonces, podemos establecer la hipótesis de que las manifestaciones de las violencias en contra de niñas, niños, las y los adolescentes y de las mujeres están cimentadas en un mismo origen: una cultura patriarcal adulto céntrica.
El Estado Mexicano, como garante de los derechos y de asegurar el interés superior de la niñez, está obligado a movilizar toda su capacidad institucional con el único fin de cambiar esta realidad, pero la realidad es que estos problemas se ocultan fácilmente de las prioridades de quienes toman las decisiones en este país, agudizando así la situación de violencia.
Como parte de una organización internacional, hemos aprendido que existen diversos factores que propician las violencias en contra de la niñez. La ausencia de una legislación y normativa adecuada, es el primero de los obstáculos pues desafortunadamente en México y la región de Latinoamérica, la violencia “con fines educativos y correctivos” es tolerada tanto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como en el Código Civil Federal.
En estos días, el Senado de la República turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que prohíbe explícitamente cualquier tipo de castigo físico y humillante. Definitivamente un paso hacia una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes sería que las y los diputados federales dictaminen y aprueben esa legislación.
