La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el plan B, referente a cambios a las leyes electorales propuestos por el titular del Ejecutivo y aprobados por la mayoría morenista en el Legislativo, es el episodio más reciente de una vibrante relación institucional en nuestro sistema político.
Lo de “vibrante” no es sólo por referencia a la separación de poderes, sino también porque los tres poderes cuentan con un amplio respaldo ciudadano, algo que no recuerdo en tiempos recientes.
Según la encuesta nacional que publicó El Financiero el pasado 2 de mayo, la aprobación ciudadana a la SCJN registró 59 por ciento en abril, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 58 por ciento, y la Cámara de Diputados, 50 por ciento. Son niveles de apoyo bastante favorables para los tres Poderes de la Unión.
La encuesta también revela que, a pesar de los encontronazos entre la Corte y el Presidente, el apoyo con el que cuentan ambos no choca: quienes aprueban a AMLO, también aprueban a la Corte, con 62 por ciento; entre quienes desaprueban al mandatario, la aprobación a la SCJN se mantiene mayoritaria, con 55 por ciento. La Corte tiene apoyo, independientemente de la postura de la gente hacia AMLO.
Esto no sucede con el Poder Legislativo. Quienes aprueban al mandatario apoyan mayoritariamente a la Cámara de Diputados (57%), pero quienes desaprueban al Presidente desaprueban en su mayoría la labor de los legisladores (58%). Parece que la ciudadanía percibe una división partidaria en el Legislativo, pero no en el Poder Judicial. En pocas palabras: es factible que la SCJN la vean más imparcial.
Aun así, la oposición partidizó la decisión de la Corte al celebrarla como si hubiese sido un triunfo propio. La respuesta del Presidente, por supuesto, también tomó partido. AMLO movió la discusión del plano legal, constitucional y procedimental, a la esfera de la opinión pública, un campo de batalla en el que tiene muy afinadas sus armas retóricas para tratar de desprestigiar a sus adversarios, y en este caso a la Corte y a algunos de los ministros.
Quizás la diatriba más significativa que empleó el Ejecutivo fue lanzar el plan C, que ya había destapado el secretario de Gobernación el mismo día que la Corte invalidó el plan B. El objetivo de la ‘4T’ sería obtener una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones de junio de 2024 y, con ello, estar en posibilidad de hacer cambios a la Constitución.
Con el anuncio del plan C, la política mexicana entra en una nueva etapa rumbo a 2024, y creo que podemos ir delineando tres escenarios sobre lo que probablemente hará el electorado: 1) que le extienda un cheque en blanco a la ‘4T’; 2) que le dé continuidad a la ‘4T’ en la Presidencia, pero acote su capacidad con un gobierno dividido o sin mayoría calificada, y 3) que le dé un revés histórico a la ‘4T’. El escenario 2 es el que veo hoy más probable.
El escenario 1 permitiría el plan C, pero creo que es un “plan” cuyos resultados son mucho más inciertos que los intentos previos de AMLO de cambiar el sistema electoral. La reforma electoral tuvo tal nivel de certidumbre sobre sus resultados que la bajaron al ver sus pocos chances de aprobación en el Congreso y la sustituyeron con el plan B. Este segundo resultó un poco más incierto, porque no se sabía del todo lo que haría la Corte.
Apostar a un plan C, que depende de la voluntad, la decisión y el estado de ánimo de millones de electores, me parece que es el plan cuyos resultados son los más inciertos de todos y el que menos podrán controlar el gobierno y su partido. Es una apuesta difícil.
Efectivamente, hay un voto duro obradorista comprometido con Morena y con la ‘4T’, pero, en 2024, muy probablemente votará una mayoría de electores apartidistas, cuyas inclinaciones políticas actuales no están aseguradas y cuyo estado de ánimo dependerá de las condiciones en las que se encuentre el país en los próximos meses.
El Presidente y su secretario de Gobernación parecen muy seguros del voto ciudadano al plantear un plan C; la pregunta en 2024 será qué tan seguros se sienten las y los ciudadanos votantes con ellos y con la ‘4T’.
