En un texto clásico de la literatura de opinión pública publicado en 1964, el politólogo Philip E. Converse describió las enormes asimetrías de información entre los electorados de masas.
En su texto, The nature of belief systems in mass publics, Converse señalaba que suele haber una pequeña minoría que ve el mundo político bajo la óptica de sistemas de creencias bien organizados. Les llamó “los ideólogos,” quienes reflejan, con un alto nivel de estructuración, las ideas planteadas y diseminadas por las élites políticas e informativas. Si crees o apoyas X, se deduce que debes creer o apoyar Y y Z, acorde a la estructuración cognitiva de tu ideología.
En contraste, los razonamientos políticos de la gran mayoría de ciudadanos no responden a ese tipo de organización conceptual; la mayoría suele entender la política a su propia manera y es menos rígida en sus posturas y más desarticulada en las conexiones que hace. De ellos se esperan cambios de opinión sin pecado ni falta. Converse les llama “inocentes ideológicos”.
Para los ideólogos, cambiar de opinión se ve como algo no esperable ni deseable. La coherencia impera. El sentido de representación política se basa, en buena medida, en ese estándar: lo que prometes lo cumples. Por eso, cuando hay ajustes a los sistemas de creencias, lo primero que se piensa es que se abandonan o traicionan los principios.
Y no, no me refiero al cambio de opinión del presidente López Obrador respecto a si las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles o se deben mantener en las calles para enfrentar a la inseguridad pública. El Presidente tendrá sus razones y seguramente no hay inocencia ideológica.
Me refiero a que el cambio de postura en el liderazgo, el ajuste en el sistema de creencias de la 4T, sí tiene implicaciones para sus seguidores y para la opinión pública en su conjunto. Si de la izquierda opositora se escuchaba antes un rechazo a la militarización, hoy la izquierda gobernante apoya el papel de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.
Ante este cambio de postura, la lógica ideológica sería que el electorado castigue a los políticos incoherentes. El Presidente, al sostener que es un hombre de principios (de hecho, la mayoría de los políticos mexicanos usa hoy en día una muletilla de decir “estoy convencido”), impone una expectativa de coherencia. Pero ésta importa sólo a la minoría ideologizada, diría Converse.
Para la mayoría de la opinión pública, el cambio de opinión puede ser algo natural; ni desastroso ni pecaminoso. Al contrario, puede ser perdonable y hasta elogiable. Por ahí el dicho de que es sabio cambiar de opinión; por lo menos para los no ideólogos. Para los ideólogos cambiar de opinión es traición; de ahí la tiranía de la coherencia.
Lo cierto es que la opinión pública cambia: los humores sociales se van transformando. Como sostiene el politólogo James Stimson en su libro Tides of Consent (2004), la opinión fluye y, por encima de cuántos están a favor o en contra de alguna política, “el movimiento es lo que importa”.
Un ejemplo histórico del cambio en la opinión pública en nuestro país lo documentó el gran pionero de las encuestas en México, Miguel Basáñez, con sus estudios sobre la nacionalización de la banca por el presidente López Portillo hace 40 años, el 1 de septiembre de 1982. En ese año, 52 por ciento de personas entevistadas calificó favorablemente la nacionalización de la banca, 15 por ciento la calificó mal y 19 por ciento regular (ver Foro Internacional, vol. XXV, oct-dic 1984).
Cinco años después, el balance de opiniones se había tornado más favorable a la reprivatización de la banca: 30 por ciento la consideraba bien, 15 por ciento mal, y 20 por ciento regular. Por lo visto, Carlos Salinas llegaría a la Presidencia con vientos de opinión más o menos favorables a las políticas de privatización.
En un análisis de sus encuestas publicado en La Jornada el 6 de mayo de 1990, Basáñez señalaba varias posibles razones de ese cambio en la opinión pública, incluido uno que llama mucho la atención hoy para preguntarse si era el caso y si sigue vigente: “Nuestro autoritarismo cultural tradicional, que obsequiaba a los presidentes con una aprobación acrítica a sus actos”.
Veremos si el cambio de opinión de AMLO respecto al lugar de las Fuerzas Armadas (o militarización, según el cristal con que se mire) registra algún castigo de la opinión pública o si se expresa una aprobación “acrítica” de la mayoría. Si lo que Converse planteó hace casi 60 años sigue vigente, presiento que será la segundo.
