¿Quién será él o la encargada de coordinar la estrategia de Seguridad Nacional y Seguridad Interior para el nuevo gobierno? Todavía hay mucha confusión. Comentarios encontrados del mismo presidente electo y de sus asesores más cercanos, indican que todavía no han definido la diferencia entre Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública.
Es interesante notar que, en su momento, el candidato Enrique Peña Nieto intentó desmarcarse de la estrategia de seguridad implementada por el expresidente Felipe Calderón, la cual se vio marcada por utilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha en contra de los grupos del crimen organizado.
La insistencia del equipo de Peña Nieto durante la campaña y el primer año de su administración, fue de promover la desmilitarización y los programas masivos de prevención del delito.
De hecho, el presidente Enrique Peña se rehusó a usar la frase “Crimen Organizado” en sus discursos públicos, o reconocer la problemática de violencia que se vivía en varios estados en su primer año y medio.
No fue hasta su intervención en el Foro Económico de Davos donde reconoció la incursión de grupos paramilitares en Michoacán como reacción a la violencia de cárteles en contra de la población.
De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Peña, el lenguaje que usan es similar al lenguaje propuesto por AMLO y su equipo de asesores. En el PND los temas de Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Defensa Exterior, y Seguridad Interior, los incluyeron en el eje “México en Paz”, donde se crea una confusión de definiciones y de estrategias para enfrentar a la violencia y a las organizaciones criminales extremadamente crueles que controlan regiones del país.
Esto crea también confusión sobre cuáles son las amenazas a la seguridad del país y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas. Para continuar desligándose de la estrategia de la administración calderonista, en el tema de Seguridad Nacional esta administración estableció que era necesario ampliar el concepto, “con la finalidad de trazar las estrategias que permitan prevenirlos, o bien plantear los mecanismos de coordinación de acciones y medidas políticas, presupuestales, sociales o militares que neutralicen o minimicen sus efectos de manera oportuna y eficaz.
Al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana”. Aquí justificando los programas de prevención por razones de seguridad nacional.
Por último, en el tema de Defensa Exterior y Seguridad Interior, se reconoce la falta de un marco jurídico del actuar de las Fuerzas Armadas: “La misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país. La colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante en los últimos años, debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas…
Las tareas que realizan las Fuerzas Armadas, particularmente las de coadyuvancia a la seguridad interior, deben basarse en un fortalecido marco jurídico que otorgue certeza a la actuación de su personal y procure el respeto a los derechos humanos”.
Pero el problema es que sigue sin haber un marco jurídico que defina que es seguridad interior, pues el aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Peña Nieto está en espera de la decisión de la Suprema Corte sobre su constitucionalidad.
Para que me entiendan la gravedad de lo que está sucediendo: en este momento sólo hay una decisión de la Suprema Corte, que reconoce que las Fuerzas Armadas pueden participar en la estrategia del combate al crimen organizado (siempre y cuando se defina como una amenaza a la seguridad nacional) y dos decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación sobre los protocolos del uso de la fuerza.
No hay legislación aprobada por el Congreso que regule el uso de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, en contra de organizaciones violentas que ejercen control territorial.
Ninguna democracia puede permitir que se haga uso de las Fuerzas Armadas sin legislación y reglas claras. De lo contrario se permite el uso de lo que deberá de ser la última instancia para enfrentar amenazas a la seguridad nacional. Y la falta de claridad, transparencia y confusión de definiciones, permite el uso y abuso de las fuerzas en actividades que pueden afectar el mismo futuro democrático del país.
