Durante las últimas décadas México ha sido testigo de casos de corrupción en las comunidades, en las entidades de la República, e incluso de aquellos que traspasan las fronteras internacionales. Sin embargo, las acciones implementadas para avanzar en el control de la corrupción son limitadas y poco efectivas. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC 2018), México cayó 3 lugares respecto al del año previo, ubicándose en el lugar 138 de 180 países.
El país ha concentrado sus esfuerzos en medidas de prevención; sin embargo, ésta es apenas una de las fases de la política anticorrupción. Una política anticorrupción sistemática que tenga resultados efectivos debe prevenir, detectar, investigar, sancionar, reparar el daño de las víctimas y recuperar los activos desviados por actos de corrupción.
Hoy, quienes cometen actos de corrupción saben que no hay consecuencias ni en términos de sanciones, ni de recuperación de activos. Sabemos que hay una gran deficiencia en estos elementos cuando vemos, por ejemplo, el número de escándalos de corrupción de los gobernadores y las sanciones existentes. Desde 2010, menos de la mitad de los gobernadores acusados de corrupción han sido sancionados.
Afortunadamente, hoy el tema de la lucha anticorrupción no es sólo parte de la conversación de académicos o grupos de la sociedad civil organizada, sino que ha llegado a las calles. La exigencia social contra la corrupción ha ido creciendo, primero con movilizaciones que trajeron a la mesa un conjunto de reformas anticorrupción y en 2018 particularmente con la participación en las urnas del 1 de julio.
Bajo mandato social, el nuevo presidente ha asumido el compromiso para reducir significativamente los niveles de corrupción y ha girado instrucciones a su gabinete para tomar acciones que mejoren la calificación de México en los diversos índices internacionales. Sin embargo, será necesario que a la lucha se incorporen y tomen responsabilidad en materia anticorrupción otros actores como los 628 integrantes del Congreso de la Unión, las gubernaturas, así como municipios y alcaldías para hacer de las acciones anticorrupción una lucha sistémica. En este sentido, para cumplir con el compromiso de atender una de las principales agendas nacionales, es necesario que México sea capaz de integrar todas las etapas del ciclo anticorrupción e involucre a todos los poderes y niveles de gobierno.
En opinión de Transparencia Mexicana, los pasos que se deben tomar como parte de una política integral anticorrupción son: 1) implementar el marco legal anticorrupción aprobado en 2015 para integrar plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción; particularmente, todos los estados deben avanzar en la integración de los sistemas locales; 2) nombrar a las diversas fiscalías especializadas dada su importancia en el control de la corrupción, la investigación y sanción; 3) corregir las acciones preventivas para que logren resultados medibles y se orienten a las labores de investigación, sanción y recuperación de activos; 4) avanzar de manera significativa en el control efectivo de la corrupción, se deben desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que hoy gozan de protección continua en los diferentes órganos de gobierno, asegurando que los recursos que han obtenido de manera ilícita, vuelvan a las arcas de la nación.
