Estamos en un cruce de caminos en el sexenio del presidente López Obrador.
Por un lado, pareciera que en ciertos momentos el presidente López Obrador adquiere conciencia de la necesidad de dialogar y negociar.
Ha sido el caso del tema de los esquemas de autoabasto en materia eléctrica o bien de los reclamos respecto a los impactos ambientales del tramo 5 del Tren Maya.
Pero, en poco tiempo pareciera que cambia sus perspectivas y deja ver que para él, el diálogo significa que los demás lo escuchen.
Esta inclinación se refleja también en su respaldo a la campaña de denuncia de los diputados que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica que él propuso.
Se trata de una de las campañas de linchamiento más graves que se hayan lanzado en México en los últimos años y representa una amenaza para la integridad física de los legisladores.
Simplemente por el hecho de que aparezca el nombre y la imagen de los legisladores que votaron en contra, se arriesga a que seguidores violentos de Morena o del presidente, pasen de las palabras a las manos en su ataque a quienes difieren de él.
Sin embargo, el presidente López Obrador le da cuerda a los más radicales de su partido y muchos políticos y funcionarios hacen segunda y justifican el linchamiento con los argumentos más absurdos que se puedan imaginar.
Pareciera, hasta ahora, que el único sensato de la 4T, que ha llamado públicamente a detener ese ambiente ha sido el senador Ricardo Monreal. Y también Marcelo Ebrard se ha hecho notar por no haberse unido al coro.
Aunque estamos todavía muy lejos del proceso electoral de 2024, lo que ahora observamos es un adelanto de cómo puede ser el ambiente de la contienda política que viene.
Aunque pueda plantearse que se trata de un asunto político ideológico, en realidad estamos en una disyuntiva que puede marcar en buena medida el clima de los últimos dos años y medio de la actual administración.
O bien, el presidente López Obrador percibe que se necesita un ambiente propicio al diálogo y a la búsqueda de negociación, o bien se lanza con todo para tratar de destruir a quienes considera sus adversarios políticos, arropado por radicales e incondicionales.
En cualquier lugar del mundo en el que desde el poder se genera una campaña de odio contra quienes piensan diferente, no se puede concluir sino que estamos frente a un gobierno autoritario.
En este caso, no se trata de una lucha ideológica sino del intento de que, a través de la amenaza y del temor se logre deshacer la unidad de la oposición, que logró que la reforma constitucional en materia eléctrica no prosperara.
Sin embargo, los legisladores no son el único objetivo de la denuncia del presidente y sus partidarios.
Es relativamente sencillo que Morena extienda la campaña en otros ámbitos, en donde se incluyan integrantes de la sociedad civil, empresarios y comunicadores, es decir, a todos aquellos que puedan tener un impacto en la opinión pública.
No sé si el presidente de la República sea consciente del nivel al que está llevando una eventual confrontación, ni tampoco de las consecuencias económicas, políticas y financieras que este hecho pueda traer consigo.
Un ambiente de enfrentamiento no se limita a la arena partidista. Genera desconfianza e incertidumbre en el ámbito económico y eventualmente también en el terreno financiero.
La sociedad mexicana, a finales del siglo XX, enfrentó dos momentos en los que el encono social acabó traduciéndose en crisis financiera: en 1976 y 1982.
La peor amenaza para el país es que repitamos un escenario así.
Ojalá la cordura acabe imponiéndose sobre el odio y la ambición.
