El próximo lunes 11 de enero, el presidente López Obrador realizará una reunión de gabinete para preparar una “reforma administrativa”, que conduzca a la eliminación de algunos órganos autónomos y a la absorción de sus funciones por las secretarías.
La intención es presentar un paquete de cambios en el periodo ordinario del Congreso que comienza en febrero.
¿Podrá operar realmente dicha reforma?
Para responder a esta pregunta, hay que distinguir entre dos tipos de autonomía. Hay algunos órganos cuya autonomía deriva de la Constitución. Otros, de las leyes secundarias.
En el caso de los primeros, para desaparecerlos o integrarlos a las dependencias, sería necesario realizar una reforma constitucional.
Los otros organismos tienen autonomía técnica que deriva de normas legales, pero no constitucionales. En ese caso, bastaría con cambios en las leyes para integrar los organismos en el aparato de gobierno.
Los órganos autónomos se crearon como instrumentos para equilibrar el poder del gobierno, directamente, o mediante el control de sus empresas, como los virtuales monopolios de la energía.
Al presidente López Obrador, por eso no le gustan. Siente que no son parte de su gobierno y que se mueven con criterios propios.
Hasta ahora, la estrategia no había sido desaparecerlos sino ponerlos a raya a través de la sustitución de los integrantes de sus estructuras de gobierno.
Ese fue el caso de algunos organismos del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Ninguno de ellos es un órgano constitucionalmente autónomo. Y se ajustaron para que no estorbaran al cumplimiento de los objetivos de la política energética.
Ayer, el presidente se refirió a otro organismo regulador que no le gusta: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La diferencia respecto a otros es que su autonomía es constitucional. Cambiarlo implicaría hacer una reforma para la que no le alcanzan los votos en el Senado, en el caso de que el llamado “bloque de contención” (integrado por PRI, PAN, PRD y MC), rechace la propuesta.
Es el caso también del INAI, que fue objeto de sus críticas. Su creación es constitucional, así que, sin el aval de los opositores, no podría cambiar.
La Cofece no ha estado en el blanco más frecuente de las críticas públicas de AMLO, pero no le gusta tampoco… y también es un órgano con autonomía constitucional.
Otro más es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuyo caso la estrategia fue más bien poner a una titular incondicional del gobierno a través de un proceso muy desaseado.
Otro órgano autónomo constitucionalmente autónomo que hasta ahora se ha salvado de las críticas públicas, pero que, no lo dude, se buscará desaparecer, es el Coneval, pues sus mediciones de la pobreza van a ser muy “inconvenientes” para el gobierno.
Obviamente hay tres que no se van a tocar en términos legales. Se trata del Banco de México, del INEGI y del INE. Sin embargo, no descarte que estén en foco de las críticas de las “mañaneras” si ejercen su autonomía como lo han hecho hasta ahora en tiempos de más encono.
El periodo que viene será muy relevante para el actual gobierno. Si logra instrumentar algunas modificaciones constitucionales y rehacer el aparato estatal, el gobierno percibirá que está creando las condiciones para que el proyecto de la 4T vaya mucho más allá de esta administración.
Si no lo logra, va a usar los recursos que tiene el Estado para asegurar que el resultado de este proceso electoral y sobre todo del de 2024, le sean favorables.
Lo que me sigue impresionando es la inhabilidad de los partidos opositores para crear opciones que puedan ser realmente ganadoras.
Si las cosas siguieran así, le van a hacer la mitad del trabajo a Morena y a AMLO.
¿Será que tenemos la clase política que nos merecemos?
