Hay señales de que los desencuentros entre el Poder Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo van a ser el común denominador en los próximos meses.
Se han ido acumulando temas que marcan diferencias. Permítame hacer una breve enumeración de algunos de ellos, comenzando con los más recientes.
1- El día de ayer, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), rechazó la propuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para acudir a una reunión relativa a la orden emitida por el Tribunal con el objeto de que se modifique la Convocatoria al proceso de selección de los cuatro consejeros electorales que habrán de reemplazar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña.
Además, la Jucopo determinó hacer una mesa para hacer una revisión puntual de las facultades del TEPJF y buscar más bien un encuentro con la Presidencia de la Corte para ver el tema.
Los días pasan y el proceso de selección de los consejeros va a enfrentar tiempos recortados.
2- Ayer por la mañana, el presidente López Obrador volvió a la carga con relación a la Corte y a su presidenta. “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”. Seguramente la Corte y su presidenta, por prudencia, no responderán a este señalamiento específico. Es claro que la presidenta de la Corte está allí por la voluntad de los ministros, quienes la eligieron, no por el presidente López Obrador. Si todo hubiera dependido de la voluntad del Jefe del Ejecutivo tenga la certeza de que sería Jazmín Esquivel quien presidiera el Poder Judicial. Pero el señalar que la ministra Piña está por él también es una amenaza velada para ella.
3- Más allá de juicios y opiniones, en los siguientes meses la Corte va a tener que enfrentar disyuntivas muy relevantes en materia electoral. Varias ya están en curso. Contra las dos leyes del Plan B que ya fueron promulgadas, ya está interpuesta una controversia constitucional (del INE), cuatro acciones de inconstitucionalidad (de legisladores) y al menos un juicio de amparo (de un particular). Bajo la lógica de que se aprobarán próximamente las otras cuatro reformas pendientes, los recursos van a multiplicarse. Llegarán a la Corte y también a tribunales.
4- Los amparos promovidos por empresas contra la Ley de la Industria Eléctrica, que han seguido su curso en tribunales, también van a llegar a la Corte, y es probable que en alguna de las salas se decrete la inconstitucionalidad de la Ley, por lo que no habrá de aplicarse, al menos en los criterios de despacho.
5- La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa también recibió impugnaciones y en el curso de los siguientes meses seguramente habrá de abordarse en la Corte. No sería extraño tampoco que se decretara la inconstitucionalidad de esa reforma y se ordenara que regresara a su adscripción anterior.
No sería extraño que, en el curso de los siguientes meses, el choque se acentuara si la Corte, algún o algunos ministros, alguna sala o incluso jueces o tribunales, fallan en contra de los intereses del Ejecutivo, y como hemos visto en la enumeración previa, es bastante probable que suceda en diversos casos.
Ya sabemos que el presidente no se va a quedar callado y va a lanzar un embate de críticas a la mayoría de los ministros o magistrados o jueces.
Lo comentamos en este espacio ya hace algunos días, pero hay que reiterarlo: el Poder Judicial y su independencia requieren un respaldo pleno de los ciudadanos.
Las presiones y cuestionamientos contra los juzgadores van a subir de tono, tratando de que el temor o la conveniencia influyan en decisiones que deben fundarse en la legalidad o constitucionalidad de las normas.
No es exagerado decir que el país está en manos de los jueces.
