Esta semana se realizó finalmente la adquisición de 13 plantas de la empresa Iberdrola por parte de una entidad de participación mayoritaria del Estado mexicano en sociedad con Mexico Infrastructure Partners, una empresa privada dedicada a la inversión en infraestructura.
La narrativa oficial es que la CFE, con esta operación, regresó a tener la mayoría del mercado eléctrico, que la reforma del año 2013 le había quitado.
El fondo del asunto es que, con esta adquisición, decidida por la visión que tiene el presidente López Obrador respecto al sector eléctrico, contra lo que muchos piensan, es probable que se logre destrabar la inversión de plantas eléctricas del sector privado orientadas a la generación renovable.
Hay una ingeniería financiera compleja detrás de la adquisición, lo que implica que el desembolso efectivo realizado por el gobierno será menor a lo que aparenta.
Cerca del 60 por ciento de la compra es financiada y del restante 40 por ciento, el gobierno pondrá el 51 por ciento a través de Fonadin.
La mayor parte de las plantas vendidas operan bajo la figura de “productor independiente” y tienen contratos de largo plazo con la CFE.
Los flujos que generaran esos contratos y que fueron clave para obtener el financiamiento, permitirán el pago de éstos.
Algo que también debe señalarse es que el condicionamiento impuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) obliga a que la operación de las plantas tenga que ser realizada por entidades diferentes a la CFE.
En todo este proceso intervinieron Banobras y Bancomext por parte de la banca de desarrollo, pero también diversas Afores que compraron papel asociado con esta transacción y del lado de la banca privada estuvieron Barclays, BBVA, Santander y SMBC.
Más allá de estos aspectos de la ingeniería financiera de la operación, el “efecto Iberdrola” puede traducirse en un incremento de las inversiones privadas en la generación basada en energías renovables.
La propia empresa española ha señalado que al menos la parte más significativa de los recursos obtenidos con la transacción será destinada al desarrollo de otras plantas en México.
No es gratuito que tengan esa perspectiva en la medida que perciben el crecimiento tan importante de la inversión productiva y la previsión de que, por el efecto de la relocalización industrial, ésta se mantenga durante los próximos años, lo que asegura una demanda creciente de electricidad.
Pero no se trata solamente de Iberdrola. Hay un buen número de empresas que está visualizando esta oportunidad en México.
Al poder darse la narrativa de que nuevamente el gobierno ya tiene la mayoría del mercado, el crecimiento de la demanda requerirá de modo orgánico más inversión privada pues CFE no cuenta con los recursos para satisfacer la demanda adicional.
Hay que señalar, además, que entre las empresas de la industria eléctrica se está viendo positivamente la perspectiva del cambio sexenal.
Obviamente, la visión que habría, en el caso de ganar la oposición, sería muy diferente a la actual.
Pero aun en el caso de ganar Claudia Sheinbaum, el hecho de que una persona como Jorge Islas Samperio, físico, maestro en ingeniería energética y doctor en economía, además de experto en energías renovables y transición energética, sea el responsable del área en el equipo de la candidata morenista, es un mensaje de que seguramente vendría un cambio de visión.
Para que no haya confusión, le reafirmo que yo hubiera preferido que no hubiera existido la necesidad de hacer la adquisición de las plantas de Iberdrola y que las inversiones en fuentes renovables hubieran seguido de modo continuo desde el 2018.
Pero, dada la crisis que se gestó por la visión ideológica del presidente y de las autoridades energéticas, creo que la solución a la que se llegó, gestada por la Secretaría de Hacienda, es quizás la mejor opción para revivir la inversión privada en la materia.
