Estamos en México ante el riesgo de presenciar el fin de la transparencia.
Mientras la Cámara de Senadores no designe por lo menos a un comisionado o la Corte no dictamine que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) puede funcionar con cuatro comisionados, los ciudadanos estaremos sin capacidad legal para demandar información a los llamados ‘sujetos obligados’, es decir, al Estado, en la acepción más amplia.
La razón es que el diseño de la Ley de Transparencia estableció que, si una dependencia pública no entrega la información requerida por los ciudadanos, entonces éstos deben recurrir al INAI.
El Pleno del INAI es quien tiene la autoridad para, si procede la petición, instruir a las diversas oficinas públicas a entregar esa información.
Si la práctica regular de las diversas instancias del gobierno y de los otros sujetos obligados fuera entregar la información, quizá la ausencia del Pleno del INAI no sería tan relevante.
Pero, en esta administración ha crecido el porcentaje de rechazos a la entrega de la información solicitada, por lo que el Pleno del Instituto se ha vuelto una instancia fundamental.
Sin él, se puede dar por cancelada la transparencia en México.
La Ley de Transparencia solo se logró concretar por una fuerte presión de ciudadanos, académicos, periodistas y algunos legisladores, que conformaron el llamado Grupo Oaxaca.
Durante los primeros meses del sexenio de Fox se generó el consenso necesario para hacer las reformas constitucionales y legales que permitieron aterrizar el derecho a la información y los mecanismos para garantizarlo en la Ley de Transparencia que se publicó en el Diario Oficial el 11 de junio de 2002.
Ningún gobierno ha sido proclive a la transparencia. Todos se han resistido a entregar una información que consideran que es de su propiedad, pero ninguno hasta ahora había tomado la determinación de destruir el INAI y con ello de facto terminar con la transparencia de la información pública.
Como muchas decisiones tomadas por la administración de López Obrador, el sofisma es que se quiere ahorrar dinero del presupuesto.
La realidad es que lo que se quiere es eliminar el instrumento que los ciudadanos pueden emplear para hacer valer el derecho a la información, pues saben que hay “mucha ropa sucia” que puede ser exhibida y que podría afectar políticamente, hoy y en el futuro, a la autoridad federal proveniente de Morena.
Carecen de la visión que inspiró la creación de este Instituto, es decir, que la información es propiedad de los ciudadanos y no de las autoridades.
Algunos de los integrantes de Morena impulsaron en su momento de manera decidida la Ley de Transparencia. El caso más visible es el de Martí Batres, diputado del PRD y coordinador de la fracción en aquellos años y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Mientras los mecanismos de acceso a la información daban municiones a Morena para criticar al gobierno, no los veían con malos ojos.
El problema es cuando dan a los ciudadanos y a la oposición datos que permiten cuestionar al actual régimen.
Para variar, el destino de la transparencia en México va a quedar en manos de la Corte.
Salvo que haya una sorpresa, en esta legislatura, el Senado no va a nombrar a los comisionados ausentes y por lo tanto el Pleno va a seguir sin funcionar, lo que no permitirá que los ciudadanos obtengan el respaldo del INAI para obtener la información que solicitan.
Y, no sería raro que, en el próximo presupuesto, el INAI sea estrangulado financieramente.
El criterio que podría emplear la Corte es que el derecho constitucional a la información está por delante de la norma que limita el funcionamiento del Pleno y que aun con cuatro personas, está legitimado para funcionar y por tanto instruir a las dependencias públicas a entregar la información requerida por la gente.
Como sucedió con el plan B en temas electorales, pareciera que la última trinchera de la transparencia será la Corte y que, si no resiste, estaremos ante el fin de una era que duró apenas 21 años.
