La Constitución de la Federación está por arriba en jerarquía que la de una entidad de ella.
De modo que, en términos prácticos, no cambió nada.
Ya era vigente el principio de la Constitución Federal y seguirá siendo vigente en la CDMX.
El mismo nivel de protección a la propiedad privada existe hoy que antes de la reforma. El mismo derecho a expropiar por parte del Estado existe hoy que en el pasado.
¿Entonces por qué la pequeña tormenta que se desató?
El jefe de Gobierno, Martí Batres, publicó la reforma como si hubiera sido una radicalización de las leyes capitalinas. En la promulgación de ésta estuvo no solo la presidenta del Congreso local sino el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez.
Además de su responsabilidad actual y de su militancia en el PRD y Morena, a Gómez Álvarez se le recuerda también por su paso por el Partido Comunista Mexicano, del que fue distinguido militante. Quienes somos egresados de la Facultad de Economía de la UNAM, lo ubicamos perfectamente.
El mensaje era muy claro: nos movemos a la izquierda.
Y ello dio como resultado que muchos de los detractores de la 4T expresaran: “Ya ven como teníamos razón. Morena pretende eliminar la propiedad privada”.
A pesar de las explicaciones técnicas que se quieran dar, el tema es eminentemente político.
Y así como las acciones y dichos de AMLO en los últimos meses han buscado arrinconar a Claudia Sheinbaum, la reforma propuesta por Batres va en la misma dirección.
Se trataba de activar a los opositores más recalcitrantes para que cuestionaran al gobierno, buscando que, a nivel federal, también se corra a la izquierda la próxima administración.
¿Se ha preguntado por qué, si era tan relevante, el cambio del artículo tercero de la Constitución de la CDMX no lo realizó Sheinbaum? La aprobación se alcanzó con la composición política del Congreso que surgió de las elecciones del 2021.
La razón es que esa modificación es irrelevante en términos de sus efectos jurídicos y lo que buscaba era la radicalización de los dos bandos.
Los síntomas son muy claros.
¿Por qué el día de ayer dos personajes sensatos y moderados del futuro gabinete de Sheinbaum (Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard) respondieron al embajador de EU y a un editorial del Washington Post de días atrás?
Si había tanto interés en dar la respuesta, no se hubiera esperado tanto tiempo.
A mi parecer, las presiones de los sectores más radicales de Morena son más que visibles y el objetivo es impedir que la presidenta electa tenga márgenes de maniobra para desactivar los conflictos, obligándola a tomar posiciones más radicales.
Los días que estamos viviendo, como se anticipaba, son muy complejos.
Lo último que necesitamos ahora es que las posiciones se vayan a los extremos.
Ayer, un empresario me preguntaba: ¿qué pasaría si Morena no consiguiera la aprobación en el Senado de la reforma judicial? ¿Qué ocurriría si se quedara en 85 votos a favor, que Adán Augusto López ha dicho que son suficientes, pero la oposición dice que no, pues las reglas dicen que 86? ¿Qué ocurriría si el Pleno de la Corte le dice a Norma Piña que sí puede decretar una suspensión a la reforma judicial y la Corte lo hace?
Los riesgos de que tengamos una crisis constitucional por conflicto entre poderes o al interior de los poderes, tan pronto como la próxima semana, existen.
Ojalá la cordura les deje ver a los protagonistas de la vida pública del país que estamos caminando en el borde del precipicio.
