En los últimos días de la semana pasada, el gobierno federal tomó dos determinaciones que generaron inquietud entre la comunidad inversionista.
Una de ellas fue la “ocupación temporal” por causa de utilidad pública de diversos activos que pertenecían a la empresa Ferrosur, filial de Grupo México, y que se adscribieron a la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa estatal que operará el llamado Tren Transístmico.
La virtual expropiación, aunque se le quiera denominar de otra manera, se hizo con el objeto de que el tráfico ferroviario de la nueva empresa operada por la Marina, pueda llegar a Coatzacoalcos y a Dos Bocas además de interconectarse con el Tren Maya, sin necesidad de usar una vía concesionada a Grupo México.
La justificación es que el gobierno, a través de la Secretaría de Marina, requiere el control pleno de todas las vías y plataformas asociadas con el llamado Corredor Interoceánico.
El decreto solo deja a Grupo México la posibilidad de controvertir el monto de la indemnización que recibirá por la “ocupación temporal” de las vías.
La otra determinación que también preocupó a los inversionistas fue el decreto del jueves pasado que determina que algunas de las megaobras del gobierno federal son de “seguridad nacional”, lo que permite que su información no sea pública.
La emisión del nuevo decreto ocurrió cuatro horas después de que el Pleno de la Corte decidiera que no tenía fundamento jurídico el declarar como de seguridad nacional las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
En círculos jurídicos se interpretó esa determinación como una forma de eludir de las decisiones de la Corte.
Con ello, se viene por tierra la visión de algunos que señalaban que, más allá del ruido político que hace el presidente López Obrador con sus ataques y declaraciones, hasta ahora había acatado plenamente las determinaciones del Poder Judicial. Ya no.
Además, las presiones contra la Corte arreciaron cuando el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, realizó una movilización frente a la sede de la Corte y llevó ataúdes.
En el caso de las concesiones ferroviarias de Grupo México, resultó curioso que el principal accionista de la empresa, Germán Larrea, haya estado en Palacio Nacional un par de ocasiones la semana pasada.
Una vez, como parte de un Consejo Asesor de empresarios del que no formaba parte. Y al día siguiente, en una reunión personal, interpretada por muchos como relacionada con su aspiración a la compra de Banamex.
De hecho, el presidente López Obrador señaló que, más allá de las diferencias con Larrea, no objetaba que él fuera el posible comprador de Banamex.
Si en esas conversaciones no apareció el tema de la determinación de hacer una “ocupación temporal” de las vías de Ferromex y la decisión fue realmente sorpresiva para Larrea, es un mensaje muy amenazante que eventualmente incluso le podría hacer reconsiderar la compra del banco.
Pero si, más allá de la comunicación oficial, resulta que en esas reuniones se negoció la virtual expropiación de las vías, así se le llame de otra manera, entonces claramente fue objeto de un chantaje. Ya veremos lo que sucede en los siguientes días.
Cualquiera que sea el caso, las decisiones tomadas son preocupantes para la inversión, como lo expresó el Consejo Coordinador Empresarial en su comunicado del sábado pasado.
Lo ocurrido refleja la intención presidencial de ir hacia delante con todo en la última fase de su administración.
El cálculo que hace es que no habrá efecto, pues el nearshoring tiene un impacto tan fuerte sobre el volumen de inversiones que la virtual expropiación a Grupo México será irrelevante para esa tendencia.
Creo que el gobierno se está equivocando y gradualmente puede crear un clima que incluso ahuyente a los capitales extranjeros que evalúan instalarse en el país.
