Si alguien tenía duda de que uno de los problemas fundamentales del país era la vigencia del Estado de Derecho, solo tiene que voltear a la Cámara de Diputados.
El artículo 74 de la Constitución dice lo siguiente en su fracción IV:
“La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.”
Hoy es 19 de noviembre y el Presupuesto no ha sido aprobado.
Para dar la apariencia de que no se violó la Constitución, los legisladores decretaron un receso a la sesión en curso que es, ¡imagínese!, la del 6 de noviembre. La sesión se va a restablecer mañana 20 de noviembre.
Pero, en la discusión del Paquete Económico de este año no ha sido el único retraso que implique “violación legal”.
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece lo siguiente en su artículo 42 fracción III:
“La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre”.
En este periodo, tras el ir y venir de cambios con motivo de la propuesta para legalizar los ‘autos chocolate”, la aprobación quedó hasta el 5 de noviembre.
La defensa que han hecho algunos legisladores de estos retrasos es que son irrelevantes porque tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos se hacen efectivos hasta el 1 de enero de 2020.
Tiene razón este argumento respecto al escaso efecto que tienen los retrasos, pero no en el hecho de que sea irrelevante.
Bajo ese criterio, se permitiría que se viole la Constitución siempre y cuando los efectos de esa violación no sean relevantes.
Es cierto que no es la primera vez que no se cumple con los plazos, no solo de la aprobación del Presupuesto sino para la realización de nombramientos o para la emisión de legislación.
Esa práctica, por ejemplo, se usó el sexenio pasado en la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción, que quedó mocho.
Sin embargo, hoy pareciera que existe un ánimo más permisivo aún. Si, de acuerdo con los criterios de los legisladores, o del grupo mayoritario, Morena, se puede interpretar libremente la ley para salvar algún obstáculo, como por ejemplo no rechazar la idoneidad de la candidatura a presidir la CNDH por parte de Rosario Piedra (por ser parte de la directiva de Morena), bienvenida la violación.
Hay más. Existen leyes que son abiertamente anticonstitucionales. Como por ejemplo, algunas partes de las leyes secundarias de la reforma educativa, que violaron las propias reformas constitucionales que fueron aprobadas por unanimidad. O, claramente la Ley Bonilla.
Desde hace años, hemos padecido un gran déficit en cuanto a cumplimiento de la ley.
Pareciera que el incumplimiento de la ley se ve como algo natural incluso para quienes están encargados de elaborarla.
Por eso resulta tan fundamental el papel de la Suprema Corte y del Senado. Si al final de cuentas hay decisiones de política pública basadas en leyes que se no se apegan a la Constitución, la Corte debe fallar por la inconstitucionalidad de esas legislaciones.
Y si se quiere modificar la Constitución a contentillo, el “bloque de contención” como se ha denominado la alianza de PAN-PRI-PRD-MC en el Senado, debe tener la capacidad de impedirlo a través de evitar la mayoría calificada de Morena y sus aliados.
