No le extrañe que las presiones fiscales adicionales superen el billón de pesos.
El crecimiento de los ingresos tributarios sin una reforma no tiene manera de financiar este gasto creciente.
Las optimistas estimaciones oficiales para 2024 indican que los ingresos tributarios alcanzarían el 15.3 por ciento del PIB, solo medio punto por arriba del estimado para 2023, lo que implica un crecimiento real del 5.5 por ciento.
Si la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros para 2025 fuera semejante, no habría manera de completar los recursos requeridos.
A mi parecer, se necesitarían tres acciones desde el año 2025 para evitar una crisis fiscal.
1-Una reforma fiscal que incremente los ingresos tributarios como proporción del PIB.
Ya le hemos comentado que, por ejemplo, la visión de Claudia Sheinbaum, que señala que no ve necesaria una reforma fiscal, no se sostiene. Sería necesario revisar tasas fiscales en el ISR y la base en el caso del IVA. Pero, además, un nuevo pacto fiscal federal para hacer que estados y municipios realmente recauden y no solo estiren la mano para recoger sus participaciones y aportaciones.
2-Una nueva política de deuda pública.
México tiene un margen razonable de endeudamiento adicional, que, en el contexto esperado de menores tasas de interés, debiera aprovechar para apalancar un mayor gasto público en rubros esenciales, como salud, educación o seguridad. No es imposible que al término de la siguiente administración tengamos una deuda del 60 por ciento del PIB, que, si se acompaña de medidas fiscales inteligentes, no implique una degradación de nuestra calificación.
3-Una reestructura del gasto público sobre la base de darle más entrada al sector privado.
Si se mantiene la estructura de gasto que tenemos hoy no va a haber impuestos o deuda que alcancen. Se requiere cambiar la lógica del gasto para que los fondos alcancen. Por ejemplo, la CFE debiera dejar de invertir ya en generación, y por lo mismo, tendría que ser el sector privado quien lo hiciera para que la empresa estatal invirtiera en transmisión, que ya es un cuello de botella. O bien, debieran reanudarse las subastas de campos de hidrocarburos para que Pemex ya no invirtiera en producción, sino que lo hiciera el sector privado.
La aportación inútil de más de 700 mil millones de pesos a Pemex en esta administración podría haberse ahorrado.
En suma, hay manera de mantener las finanzas públicas a flote en los siguientes años, pero se requieren decisiones que implican costos políticos y transparencia para poder justificar los mayores impuestos que será necesario aplicar.