Si algún lector lee el encabezado de este texto puede sorprenderse ya que el presidente López Obrador ha sido insistente en que no habrá ninguna reforma fiscal durante su mandato y menos aún algo más profundo como una reforma hacendaria.
Sin embargo, puede asegurarse que sea cual sea el resultado de las elecciones en el 2024 y con independencia de cuál sea el candidato ganador a la presidencia de la República, no habrá otra opción que emprender una reforma hacendaria de gran profundidad en la siguiente administración y probablemente en el primer año del nuevo gobierno, es decir, en el 2025.
Por cierto, la diferencia más importante entre una reforma fiscal y una reforma hacendaria es que la primera atiende principalmente a los aspectos de tributación relacionados con el gobierno federal mientras que la reforma hacendaria involucra también al gasto y va al ámbito de los gobiernos locales.
¿Por qué digo que no habrá otra opción que emprender este tipo de reforma en el primer año del nuevo gobierno? La razón principal es que habrá fuertes presiones de gasto que provendrán de varios factores y que requerirán de nuevos recursos para financiarse. Permítame enumerar algunos de los más importantes.
① El creciente pago de pensiones.
Se ha presupuestado para el año 2023, un pago por concepto de pensiones del orden de 1 billón 333 mil millones de pesos. Considerando la tasa promedio de crecimiento de los últimos seis años y proyectándola al 2024, terminaríamos el actual sexenio pagando poco más de 1 billón 400 mil millones a precios del 2023, es decir, a valores corrientes, cerca de 1.5 billones.
Considerando el supuesto conservador de que se mantiene la misma tasa de crecimiento en el siguiente sexenio, el pago adicional anual que tendría que hacerse en el año 2030 sería de 560 mil millones de pesos a precios actuales. Aun considerando una inflación moderada, del orden de 4 por ciento anual promedio, implicaría 705 mil millones de pesos más. Con el actual sistema impositivo tal y como está no hay manera de financiar esa carga adicional.
② Se requiere una mayor inversión pública.
De acuerdo con los datos del Inegi, la inversión pública hasta el segundo trimestre de este año es 17.1 por ciento inferior a la del mismo periodo del 2018. Y si consideramos el nivel más alto, al que se llegó en el mismo periodo de 2009, hace 13 años, la caída es de 48 por ciento. Eso ha implicado un fuerte deterioro de la infraestructura física del país, que requiere recibir inversión.
Simplemente, para llegar al mismo nivel que se tenía al final del sexenio pasado, se requiere un aumento real de 20 por ciento, y prácticamente se necesitaría duplicar si se pretendiera alcanzar el nivel que tuvo en el 2009.
③ Diversos programas sociales han quedado en ley o incluso en la Constitución.
Los programas sociales como la pensión universal para adultos mayores, diferente a los pagos de jubilaciones u otras pensiones del sector público, requerirán también algunos cientos de miles de millones de pesos para poder financiarse en los próximos años y la estructura tributaria ya no da más de sí.
④ La eficiencia tributaria tiene límites.
Terminaremos el 2022 con un nivel de ingresos tributarios reales semejante al de 2021. Para el 2023, aunque los ingresos tributarios no petroleros tienen una meta de crecimiento de 9.9 por ciento, los ingresos presupuestales totales se estima que crecerán apenas a un ritmo de 0.8 por ciento. El éxito de las estrategias de recaudación instrumentadas por el SAT en los años anteriores tiene límites y la posibilidad de seguir aumentando los ingresos públicos solo podrá ser a través de una revisión profunda del sistema fiscal, que incluya tasas, bases y el tema de la evasión fiscal y la economía informal.
⑤ Los estados requieren desarrollar mecanismos de tributación que les den autonomía.
Actualmente, más del 90 por ciento de los ingresos que reciben las entidades federativas proviene de la recaudación federal pues los impuestos locales son muy poco usados, y, al contrario, su peso se ha reducido, como por ejemplo en el caso de la tenencia de los automóviles. Pero, quizás el caso más crítico es el impuesto predial, que presuntamente debiera ser el más importante ingreso municipal y en la mayor parte de los casos es virtualmente inexistente.
La última ocasión que se pretendió realizar una revisión profunda del sistema hacendario mexicano fue durante el sexenio de Vicente Fox, cuando se realizó una llamada Convención Nacional Hacendaria. Sin embargo, el alcance de sus resultados fue muy limitado, y fundamentalmente llevó a la creación del llamado IETU, que sustituyó al impuesto sobre la renta de las empresas. Sin embargo, duró muy poco tiempo y la siguiente administración regresó al llamado ISR.
Una reforma de este tipo implica una muy seria negociación. De acuerdo con las encuestas, si la oposición va en alianza en las próximas elecciones presidenciales, podría haber una competencia más cerrada. Incluso en el caso de que ganara nuevamente Morena, el escenario más probable es que no obtuviera mayorías calificadas en las cámaras del Congreso.
Un escenario posible es que, aun cuando obtuviera más votos que sus contrincantes, tampoco llegara a las mayorías absolutas. Y lo más probable es que pasara lo mismo en el caso de que el triunfo fuera la oposición.
De esta manera, la necesaria reforma hacendaria tendrá que pasar por un proceso de negociación entre las principales fuerzas políticas del país, y seguramente también entre representaciones empresariales y sindicales. Es decir, se va a tratar probablemente de una de las mayores negociaciones que deberán realizarse por la siguiente administración.
Es muy probable que esa negociación solo pueda realizarse durante los primeros dos años de gobierno y de preferencia en el primero, cuando aún se cuenta con un capital político que no ha sido erosionado por el ejercicio del poder.
Si AMLO se hubiera decidido a hacerlo cuando contaba con más del 80 por ciento del respaldo ciudadano, en los primeros meses del 2019, probablemente hubiera logrado incluso reformas constitucionales.
La obstinación que ha mostrado para no cambiar a profundidad las reglas y las tasas fiscales no podrá ser heredada a la siguiente administración, pues los márgenes de maniobra serán cada vez más limitados. Así que las empresas deberán prepararse para cambios de fondo en esta materia, mucho más profundos que lo que se han podido observar en los últimos años en México.
