El próximo domingo, fecha en la que se realizará la consulta por la revocación de mandato del presidente López Obrador, hay varias competencias que se tienen que seguir con cuidado. es apenas la segunda consulta popular organizada por el INE en el marco de la nueva legislación y es la primera respecto a la revocación de mandato
La primera y más importante es la de la participación ciudadana.
Esta es apenas la segunda consulta popular organizada por el INE en el marco de la nueva legislación y es la primera respecto a la revocación de mandato, así que no hay muchas referencias.
La consulta del año pasado, conocida como la del “juicio a los expresidentes”, tuvo una participación ciudadana del 7.1 por ciento del padrón.
En la encuesta realizada por El Financiero, de acuerdo con las respuestas de los electores, podría haber una participación superior.
Aunque, con base en las intenciones declaradas de quienes fueron encuestados, se establece un piso de participación de 16 por ciento, me parece que si se elimina un porcentaje de personas que responden que sí irán a las urnas porque es socialmente aceptable afirmarlo, creo que el piso podría estar más bien en niveles del 10 por ciento y quizás el escenario alto en 15 por ciento.
Con una lista nominal de 94 millones de personas, podríamos pensar que para Morena solo podrá considerarse exitosa una participación de alrededor de 10 millones de personas y una superior a los 15 millones sería muy exitosa.
Una cifra por debajo de 10 millones implicaría desencanto y seguramente mayores cuestionamientos al INE por parte del presidente y del gobierno federal.
Una cifra que estuviera aún más abajo, y, por ejemplo, se acercara a los niveles de participación del año pasado, de 7 millones o poco más, sería un gran triunfo para quienes han propuesto no participar en esta consulta, es decir, la mayoría de los opositores.
La segunda competencia es entre los estados morenistas.
Aquellos en los que la participación sea mayor a la de la consulta pasada, quedarán con buena imagen ante el presidente de la República.
En agosto del año pasado cinco entidades tuvieron un nivel de participación superior al 10 por ciento. La primera fue Tlaxcala, con 11.7 por ciento; le siguió Tabasco, con 11.3 por ciento; Guerrero, 10.9 por ciento; la Ciudad de México, con 10.4 por ciento; Oaxaca, con 10.3 por ciento y Veracruz, con 10.1 por ciento.
Hay dos aspirantes a ser candidatos de Morena que van a tratar de que en sus entidades esas cifras sean aún mayores. Obviamente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la capital, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Tabasco.
En el otro extremo, los estados con la menor participación ciudadana en agosto del 2021 fueron Chihuahua, con 3.1 por ciento; Zacatecas, con 3.4 por ciento; Nuevo León, con 3.5 por ciento; Aguascalientes, con 3.8 por ciento, y Guanajuato con el 3.9 por ciento.
La competencia menos relevante de todas es presuntamente la que le da la razón a la consulta, es decir, la pregunta respecto a si debe haber una revocación de mandato del presidente López Obrador.
Debido a que quienes se han expresado en contra de que continúe su mandato mayormente han decidido no participar, es probable que el porcentaje del sí esté muy por arriba de lo que dicen las encuestas y se ubique en una cifra superior al 90 por ciento.
Todo este proceso que llega a su culminación el domingo es finalmente un ensayo de las elecciones del próximo 5 de junio y, más aún, de lo que vendrá en el 2024.
Foco en la Corte
Como en pocas ocasiones, los ojos estarán puestos el día de hoy en la sesión del Pleno de la Corte en el que se discutirá la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica publicadas el 9 de marzo del año pasado y que dieron lugar a numerosos amparos y a diversas controversias y acciones de inconstitucionalidad.
No solo los verán con detalle aquí en México sino desde Estados Unidos, Canadá, diversos países de Europa y de Asia.
De ese tamaño será la importancia de lo que se resuelva.
Mantengo mi pronóstico de que el resultado será un 9-2 o un 8-3 por declarar inconstitucionales las reformas.
