La reforma más temida entre la comunidad empresarial se hizo realidad la semana pasada.
Los cambios en el marco judicial ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha aceptado hasta ahora seis consultas relativas a la constitucionalidad de la reforma judicial. Dos fueron turnadas a la ministra Lenia Batres, una al ministro Juan Luis González Alcántara y tres a la ministra Yazmín Esquivel.
Las que llegaron a Batres y Esquivel tal vez ni siquiera sean planteadas al Pleno. La de González Alcántara con seguridad lo será.
Es claro que ocho ministros estuvieron en contra de la reforma judicial, pero no lo es el número de los que aceptarían votar por su inconstitucionalidad, pues con ello se crearía una crisis constitucional y un enfrentamiento entre poderes.
No es imposible, pero por razones políticas, creo que es improbable.
Algunos piensan que, si la reforma permanece, tendremos una crisis económica.
No lo creo. Pero lo que sí puede presentarse es un lapso prolongado de freno productivo, o en el mejor de los casos, bajo crecimiento.
Las razones por las que no se produciría dicha crisis son las siguientes:
1.- Aún hay incertidumbre respecto a la aplicación de los cambios legales, ya que faltan las modificaciones a la legislación secundaria. Dice el adagio que el diablo está en los detalles, y en ellos se pueden introducir mecanismos que reduzcan el probable efecto pernicioso de su aplicación. Algunos funcionarios del próximo gobierno de Sheinbaum señalan que en esa legislación se pondrán salvaguardas que den tranquilidad a los inversionistas. Veremos.
2.- Los tiempos de la elección aún están distantes. A pesar de que la convocatoria es inminente, restan poco más de nueve meses para su realización. Queda la posibilidad de que la sociedad civil pueda impulsar en este lapso a ministros, magistrados y jueces que no sean meros títeres del Ejecutivo.
3.- El impacto será diferenciado según la posición de las empresas y las personas. Aun en el caso de que, por ejemplo, la Corte sea dominada por ministros proclives a Morena, será muy diferente el caso de una firma que tenga dependencia directa del gobierno, como son los negocios concesionados, que otros casos en los que se opere con independencia de la voluntad pública.
4.- No sabemos aún cuál vaya a ser el comportamiento del gobierno en el momento en el que la presidenta electa se convierta en presidenta constitucional. Si bien es absurdo imaginar que habría una ruptura con AMLO, pudiera existir la posibilidad de que, por su autointerés, actúe de manera realista y evite una crisis económica producto de la desconfianza.
Es cierto que todos esos elementos de incertidumbre pudieron haberse evitado, si no se hubiera emprendido esta reforma constitucional apresurada que le dio gusto a López Obrador.
Pero, hoy es una realidad.
En lo que la legislación secundaria se define y se van perfilando candidaturas, hay un lapso que puede estar lleno de interrogantes sin respuesta y es lógico que diversas empresas decidan esperar a que haya un panorama más claro antes de seguir con sus planes de expansión en México... o cancelarlos de plano.
Lo lamentable es que ese tiempo es precioso, pues el tren del nearshoring se nos puede ir para ya no regresar.
Algunos funcionarios están haciendo el esfuerzo de convencer a las empresas de que hay más ventajas que desventajas al invertir en México, como, por ejemplo, Marcelo Ebrard.
Pero, hay otros personajes como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, que han dicho públicamente que, si la reforma judicial ahuyenta a las empresas, que ni modo, que es un mandato de los electores y que hay que asumir las consecuencias.
El gobierno se metió en este pantano innecesariamente, y ahora está viendo cómo hacer para salir o por lo menos para no hundirse más.
