Fue el gran tema de ayer. Pero creo que hay otros que son más trascendentes.
Se trata, particularmente, de los retos de la Corte.
El año 2023 será uno en el que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán repercusiones de largo plazo para la vida del país.
Uno de los grandes asuntos que asoman en los siguientes meses son las acciones de inconstitucionalidad que habrán de emprenderse en cuanto las reformas a las leyes electorales sean aprobadas por las dos cámaras del Congreso y promulgadas por el presidente.
Hay que recordar que, en el último día de sesiones del periodo ordinario, el pasado 15 de diciembre, fue aprobado el paquete de reformas electorales por el Senado con un conjunto de cambios que ya no alcanzaron a discutirse y, en su caso, aprobarse en la Cámara de Diputados.
Al final, hubo el rechazo a los mecanismos de transferencia de votos entre partidos pequeños, que resultaba claramente inconstitucional.
Pero, de acuerdo con los análisis hechos por diversos constitucionalistas, hay al menos otras 20 modificaciones que serían claramente violatorias de la Carta Magna.
La ruta previsible para la reforma es que la Cámara de Diputados le dé luz verde próximamente y que se promulguen. O no… si hay otro escenario.
A partir de que se conviertan en ley es que los legisladores, gobiernos estatales u otras instituciones con interés jurídico acreditado, interpongan acciones de inconstitucionalidad a las modificaciones realizadas.
También podrán empezar a promoverse amparos de los particulares que sientan afectados sus derechos establecidos en la Constitución.
La nueva administración de la Corte, encabezada por la ministra Norma Piña, deberá estar atenta para darle al tema la celeridad que el caso requiere, particularmente en el caso de las acciones de inconstitucionalidad que podrán ir directamente a la Corte.
Una de las grandes diferencias que se esperan respecto a la administración anterior es que seguramente habrán de abordarse en las salas o en el Pleno con prontitud, asuntos que quizás no son del agrado del presidente de la República, como el tema electoral.
Para lograr que sean declaradas inconstitucionales la totalidad o parte de las reformas realizadas en esta materia, se requiere el voto de 8 ministros.
Hay que recordar que para la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley no basta la mayoría simple, sino que se requiere la mayoría calificada.
De acuerdo con lo expresado por el propio Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de la Corte que considera más cercanos a su proyecto son Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
Si el presidente López Obrador contara solo con esos tres votos, éstos no serían suficientes para impedir la declaratoria de inconstitucionalidad.
Antes de que fuera electa Norma Piña en la presidencia de la Corte, el gobierno de AMLO tenía más herramientas de negociación. Ahora las cosas son diferentes. Ya no puede buscar el respaldo de alguien a cambio de ofrecer el apoyo gubernamental en la sucesión de la Corte.
Y, todavía falta el desenlace en el caso del presunto plagio de tesis de la ministra Esquivel.
Si la UNAM llegara a la conclusión de que hay elementos para dictaminar que la tesis de Esquivel fue un plagio de la presentada anteriormente por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, independientemente de que pudiera no haber sustento en la legislación universitaria para retirarle el título a la ministra, las presiones para que deje su posición en la Corte serán enormes y de hacerse efectivas, obligarían al nombramiento de un nuevo ministro o ministra. Aunque al final AMLO pudiera nombrar a alguien cercano, el proceso para lograrlo sería desgastante.
No descarte entonces que, como una estrategia, la reforma a las leyes electorales pudiera llevarse hasta la parte final del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, al término del mes de abril.
OMAR MEJÍA
No conozco personalmente a Omar Mejía. Su puesto más reciente era asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México. Sin embargo, su trayectoria fue mayormente en el gobierno de la CDMX.
Había muchos otros funcionarios con más trayectoria y formación para ocupar el cargo.
A pregunta de El País, no se quiso revelar la edad del funcionario. Se ve muy joven.
¿Será que se buscaba a algún incondicional de Hacienda o de la gobernadora para ocupar la silla de Esquivel?
Ojalá Omar Mejía nos desmienta y demuestre que nos equivocamos.
