En 2023, el sector público habrá de desembolsar cada uno de los 365 días del año un monto 3 mil 650 millones de pesos por concepto de pago de pensiones.
En todo el 2023, el monto habrá de sumar 1 billón 333 mil millones de pesos, y será equivalente al 84 por ciento todo lo que se va a pagar en salarios del sector público para el año.
La diferencia es que mientras el desembolso en salarios (denominado “servicios personales” en el Presupuesto) crecerá 3.4 por ciento en términos reales respecto a lo que se autorizó para este año, en el caso de las pensiones, el crecimiento previsto es de 8.4 por ciento real.
Desde luego que no se trata de algo que sea específico de 2023. El desembolso por este concepto viene creciendo aceleradamente.
Entre el año 2010 y lo estimado para el 2023, se registró un crecimiento real de 132 por ciento.
Para que vea usted el peso, considere las cifra que le daba antes: las pensiones equivaldrán en 2023 al 84 por ciento de todos los salarios pagados en el sector público. En 2010 ese porcentaje era de 43 por ciento.
En el curso de esta década, el sector público tendrá que pagar más por concepto de pensiones que lo que desembolsa en salarios.
El Paquete Económico enviado al Congreso el pasado 8 de septiembre a través del documento Criterios Generales de Política Económica, cuantifica el monto de los pasivos por concepto de pensiones.
La medición que realiza Hacienda indica un monto de 11.6 billones de pesos, equivalentes aproximadamente a 43 por ciento del PIB.
Obviamente no se trata de obligaciones que deban pagarse de golpe. Se van erogando a lo largo de los años. Pero, se trata de compromisos que ya tiene el Estado para el futuro.
Hay que hacer notar que en ellos no se incluye el programa de las Pensiones para Adultos Mayores, que tienen un carácter universal y que en 2023 requerirán 335 mil millones de pesos, una cifra que va a ir subiendo año con año.
A pesar del incremento exponencial del gasto en pensiones, tendremos en los siguientes años un problema muy serio con quienes vayan a empezar a retirarse sobre la base de su ahorro individual a través de la Afores y de las personas que están en la economía informal y que solo recibirán la pensión de adultos mayores.
El hecho de que a lo largo de los años la contribución a las Afores haya sido tan baja conducirá a que quienes ya deben jubilarse sobre la base de su ahorro individual y no de la Ley del IMSS de 1973, recibirán cantidades completamente insuficientes, quizás el equivalente al 25 o 30 por ciento del salario con el que estuvieron cotizando a su Afore.
Considerando el actual salario promedio de cotización del IMSS, tal vez su pensión promediaría algo así como 3 mil 600 pesos mensuales.
Por eso se ven problemas para el futuro.
Pero, además, los derechos adquiridos por otros pensionados conducirán a que solo puedan generarse recursos fiscales para sustentar el pago de pensiones si se hace una reforma fiscal en los siguientes años.
No hay manera de no hacerla.
A lo largo de esta década, el ritmo de crecimiento anual de la población mayor de 60 años en México va a superar el 4 por ciento anual.
Simplemente contraste con el promedio del crecimiento poblacional, que será de poco más de 1 por ciento.
Afortunadamente, todavía tenemos en México un bono demográfico en el que la mayoría de la población se encuentra en edad productiva.
Pero, ya no tenemos mucho tiempo más.
Si no hacemos una profunda reforma fiscal y de pensiones, estaremos condenándonos en un par de décadas a una crisis social cuyas proporciones ni siquiera imaginamos.
