Ayer se realizó la Convención Nacional Petrolera, organizada por las empresas privadas que han empezado a operar en el sector tras la reforma energética y que están organizadas en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), una asociación que hubiera sido inimaginable apenas un lustro antes, pues está integrada por las más grandes firmas del sector petrolero, tanto internacionales como nacionales.
En las conversaciones en los pasillos y en algunos de los páneles, se hizo presente, explícita o tácitamente, una pregunta que no podría dejar de hacerse en este año:
¿En qué medida un cambio de gobierno en México podría poner en riesgo el nuevo marco jurídico y de inversiones derivado de la reforma energética?
La pregunta no es inocente ni lanzada al vacío. Tiene presente la probabilidad de que Andrés Manuel López Obrador sea el ganador de los comicios del 2018.
El 76% de los recursos prospectivos de México se encuentran en cuencas petroleras en aguas profundas y yacimientos no convencionales. pic.twitter.com/bKgymMUgqE
— SENER México (@SENER_mx) 23 de mayo de 2017
A lo largo de los últimos meses, la posición de AMLO sobre la reforma energética es que no se cancelaría a través de una acción autoritaria, sino que se sometería a una consulta, y que, si el resultado de la consulta es el rechazo a la reforma, se propondría al Congreso su revocación.
En cualquier caso, a sabiendas de que a AMLO no le gusta la reforma, ¿en qué medida está blindada respecto a algún cambio futuro?
La reforma constitucional parece muy segura. La razón es que modificarla implicaría tener una mayoría calificada en las dos Cámaras y –muy importante– contar al menos 16 congresos estatales que votaran favorablemente al cambio.
Aun si AMLO ganara la Presidencia, ni sus escenarios más optimistas incluyen ganar esa cantidad de congresos estatales u obtener tal cantidad de legisladores.
Sin embargo, hay quien considera que para detener la reforma no requiere cambios constitucionales, sino cambios legales que harían inoperables las reformas.
La #ReformaEnergética posiciona a México como un país importante en la atracción de inversiones en materia de hidrocarburos. pic.twitter.com/gJF64De4Lr
— P. Joaquín Coldwell (@JoaquinColdwell) 23 de mayo de 2017
Frente a esto, una de las propuestas interesantes que surgió ayer en este Congreso es el conseguir que tanto en el Tratado de Libre Comercio con Europa (TLCUE) que ya se renegocia, como en el TLCAN, que se va a renegociar pronto, quede plasmada la reforma energética.
Si forman parte de un Tratado internacional, no basta con un cambio legal para revocarlas.
Dado el peso jurídico que tienen los tratados internacionales, que están por arriba de las leyes, sería indispensable salirse de los Tratados para poder realizar los cambios legales.
El blindaje que adquiriría la reforma energética, si forma parte del TLCUE y del TLCAN, sería mucho mayor pues habría que abandonar los Tratados.
Pero, para no pecar de ingenuos, hay que tener conciencia de que no habrá blindaje que alcance si no se fortalecen nuestras instituciones. La presión que puede ejercer el Ejecutivo es suficientemente grande en México como para no estar conscientes de que logre doblar a quien se oponga a una contrarreforma.
Un Poder Legislativo fuerte y racional; una Suprema Corte indoblegable y gobiernos estatales que no sean conocidos por la corrupción sino por su buen desempeño, son los blindajes más seguros.
Pero, por lo pronto, no estaría nada mal, que la reforma energética adquiriera en los próximos meses el estatuto de Tratado Internacional.
