¿Ya descontaron los mercados financieros el impacto de que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados?
La respuesta a esta pregunta es fundamental para trazar la perspectiva económica del país en el corto plazo.
Si fuera positiva, entonces el costo que tendría el hecho de que en los próximos días el Tribunal Electoral ratificara la decisión del Consejo General del INE del viernes pasado dando a Morena la mayoría calificada, sería relativamente bajo.
La obtención de esa mayoría implica también, de facto, que se diera luz verde a la reforma judicial y a la eliminación de los órganos autónomos, entre otras decisiones.
Pero, si la respuesta fuera negativa y los mercados no hubieran descontado todo el efecto, entonces hay que formular otra interrogante: ¿cuál es el costo que aún no se ha descontado? ¿Es algo marginal o se trata de un efecto de proporciones mayores?
Hasta hace pocas semanas, el comportamiento de los mercados, así como las opiniones de las instituciones financieras, calificadoras y organismos empresariales, parecía indicar que el descuento era casi completo.
Se podría argumentar que los movimientos de la cotización del peso frente al dólar tenían que ver más bien con factores externos, como por ejemplo, el alza de las tasas en Japón o las perspectivas económicas en Estados Unidos.
Luego de la carta enviada al secretario Blinken por agrupaciones industriales de Estados Unidos; de la posición del gobierno de EU, expresada por el embajador Ken Salazar; de las expresiones de preocupación del embajador de Canadá o de las comunicaciones del Consejo de Empresas Globales, no hay duda de que el impacto aún no está descontado.
Nos falta ver mucho.
En particular, el señalamiento, en comedido lenguaje diplomático, de Salazar, en el sentido de que la reforma judicial podría implicar una amenaza a la relación comercial con EU, abre un frente de muy alta preocupación.
Ya no es solo el riesgo de que se produzcan movimientos especulativos temporales que luego se estabilicen.
Tener un dólar de 20 o 21 pesos, como podría ocurrir, no es algo que amenace el crecimiento del país.
Tener un sistema judicial que sea considerado poco confiable por nuestros principales socios comerciales, es algo que sí pone en riesgo buena parte de las metas del proyecto económico de la presidenta electa.
Una posibilidad es que todo se trate de un puro alarde.
Escucho a algunos empresarios decir que es imposible que el gobierno de EU piense lo que dijo Salazar, pues hay una integración comercial tan grande con Estados Unidos que sus empresas se van a adaptar al nuevo entorno, sea el que sea.
Es posible, pero la adaptación implica probablemente que buena parte del crecimiento de las inversiones, de empresas norteamericanas nuevas o de las que ya están, se dé en otros países y no en México.
Esa adaptación también implicaría seguramente el uso recurrente de tribunales internacionales y una mayor frecuencia de litigios en ellos ante la falta de confianza en el sistema de justicia local.
Lo peor de todo es que ese posible daño económico es “autoinfligido”, es decir, puede ser evitable si las decisiones internas son otras.
A la presidenta electa, la existencia de una mayoría absoluta de Morena y sus aliados, pero no calificada, le daría un margen de maniobra que no va a tener con un Congreso que controle a plenitud.
Una mayoría calificada le quita márgenes de acción, no solo internos sino frente a los poderes externos.
Hay que ser claros: el interés de una mayoría calificada que haga realidad el denominado Plan C, es de López Obrador, no de Claudia Sheinbaum.
El Plan C nunca estuvo en sus propuestas como aspirante a ser la candidata de Morena.
Lo tuvo que asumir cuando AMLO lo propuso y ella ya era la candidata.
A ella se le va a presentar una disyuntiva en la que tiene de que decidir: diferir de López Obrador con lo que ello pueda implicar o asumir las consecuencias económicas y financieras, de corto y de largo plazo, de comenzar su mandato en medio de una circunstancia económica altamente desfavorable, adoptando las estrategias de López Obrador.
En cualquiera de los dos escenarios va a haber un costo y se va a producir una sacudida en México.
Derivará de una diferencia con AMLO o de una crisis económica autoinducida por la obstinación de aplicar el llamado Plan C.
Veremos por cuál de ellos opta la presidenta.
