La movilización ciudadana del domingo 13 de noviembre del año pasado fue determinante para que el PRI no estuviera tentado a apoyar la reforma constitucional que constituía “el Plan A”, que iba a desaparecer al INE.
Ahora, quienes buscan defender a la autoridad electoral autónoma tienen el reto de hacer también memorable la movilización en el Zócalo el próximo 26 de febrero.
Tras el fracaso en San Lázaro de las reformas constitucionales en materia electoral en la votación del 6 de diciembre, no le quedó otra opción al presidente de la República que apostar al llamado “Plan B”, que solamente implica reformas legales.
¿Qué efecto puede tener ahora esta nueva movilización?
De acuerdo con los tiempos legislativos que se han definido, es muy probable que para esa fecha ya se hayan aprobado todas las reformas que componen el llamado Plan B.
La discusión en comisiones respecto a las 4 reformas pendientes será el próximo 21 de febrero, por lo que lo más probable es que el 23 sean votadas en el pleno del Senado.
Lo que seguirá en el proceso será la serie de impugnaciones que habrán de presentar legisladores, partidos políticos, ciudadanos y el propio Instituto Nacional Electoral.
Será ya dentro de pocos días un tema estrictamente jurídico.
A la Suprema Corte llegarán nuevas impugnaciones al Plan B, pues hay reformas que son claramente inconstitucionales, como reconoció y enumeró el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
En ese contexto, ¿cómo puede influir la movilización del 26 de febrero?
En teoría, los criterios de los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación son exclusivamente jurídicos.
En la práctica, su criterio siempre es influido por el entorno social y político que prevalece.
La historia muestra que los ministros de la Corte no viven en un mundo diferente al de los demás.
Sus visiones respecto a la Constitución y las posibles violaciones que se cometan con la aplicación de ciertas leyes son condicionadas por el ambiente social y político.
Por esa razón es que el éxito o el fracaso de las concentraciones ciudadanas del 26 de febrero será un factor que influya.
Desde luego que la de mayor visibilidad será la del Zócalo. Si ésta resultara raquítica, la Corte tendría la percepción de que hay desinterés ciudadano.
Si la asistencia al Zócalo es copiosa, los ministros sabrán que hay una genuina preocupación de la gente por el impacto de esas reformas.
No quiere decir que los votos vayan a decidirse por la cantidad de personas que acudan, pero la sensibilidad de los integrantes de la Corte sí será influida por la magnitud de la movilización.
Los organizadores lo entienden y por eso no es casualidad que uno de los dos únicos oradores del evento sea el ministro en retiro José Ramón Cossío.
Es de esperarse, por la formación de Cossío, que una parte de su exposición tenga que ver con la probable inconstitucionalidad de las reformas.
Como ocurrió en la ocasión anterior, López Obrador no se va a quedar con los brazos cruzados.
Por eso el llamado a otra concentración para el 18 de marzo, pocas semanas después de la del 26 de febrero, presuntamente para la defensa de la soberanía energética.
El motivo es lo de menos. El objetivo será, de nueva cuenta, mostrar músculo político.
Sin embargo, como ocurrió con la marcha del 27 de noviembre pasado, su significación será completamente diferente, al margen de la dimensión que tenga.
La primera será una movilización ciudadana mientras que la segunda va a ser articulada y organizada desde el poder.
Muchas cosas aún pueden pasar en el curso de las próximas semanas y meses.
Estamos en un momento en el que los procesos políticos en México viven disyuntivas cruciales.
Quienes piensen que ya tienen el provenir político asegurado se pueden llevar una gran decepción.
La vida da muchas vueltas, y en estos tiempos, con más velocidad de lo que muchos creen.
