¿Es la reforma político electoral presentada por el presidente López Obrador un distractor?
No lo es si por ello pensamos que solo trata de propiciar un desvío de la atención de la opinión pública respecto de otros temas.
Sí lo es en cuanto a que de nueva cuenta el presidente López Obrador estará fijando la agenda pública por los siguientes meses, cambiando el foco de atención a uno que a él le interesa poniendo la atención en lo costoso del sistema electoral mexicano y en el hecho que presuntamente no representa a los ciudadanos.
De acuerdo con las primeras opiniones que en la semana anterior expresaron los partidos opositores, esta reforma no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, pues requiere una mayoría constitucional que Morena no tiene.
Aunque puede tener algunos puntos interesantes, en lo central va a ser rechazada por la oposición, así que no tiene futuro.
Así que, a menos que, a diferencia de otras iniciativas, ahora sí el presidente estuviera en disposición de negociar el fondo, si se vota en el pleno de la Cámara de Diputados de nueva cuenta la oposición la rechazará.
Y, no pareciera que el presidente López Obrador hubiera cambiado de visión en los últimos días.
El tema de fondo para AMLO es lo que puede obtener con el rechazo opositor a la reforma.
El presidente sabe que puede argumentar que aquellos que se oponen a su reforma no quieren perder sus privilegios ni aceptan que se reduzca el costo del aparato electoral en 24 mil millones de pesos.
También dirá que los que se oponen no quieren darle la voz al pueblo para que sea éste el que defina a los integrantes de la autoridad electoral.
El diseño de la reforma está hecho para que sea fácil de ‘vender’ a la opinión pública en la que los diputados están desacreditados lo mismo que los partidos.
Los opositores a la reforma, como en otras propuestas de AMLO, tendrán que argumentar de manera más elaborada las implicaciones negativas de desmantelar las estructuras electorales que han permitido la democracia en México a lo largo de las últimas tres décadas.
Adicionalmente también deberán sustentar algo que es completamente cierto pero no es evidente: que los cambios a las reglas político electorales deben hacerse después de la elección presidencial y no antes de ésta, para que haya un lapso para la construcción institucional y los acomodos legales necesarios.
De lo contrario, hay el riesgo de que se tenga una crisis con un sistema que no ha sido probado.
No se puede ver esta propuesta de reforma electoral como algo ajeno al proceso de 2024.
No por el hecho de que se vayan a cambiar las reglas del juego, ya que como le comentaba, es prácticamente imposible que Morena tenga los votos para hacerlo.
Pero su planteamiento y discusión serán parte de la campaña a través de la cual las fuerzas de la 4T van a continuar con una campaña de desprestigio tanto de las instituciones electorales como de la oposición.
Es decir, se buscará capitalizar la discusión respecto a esta propuesta de reforma para llevar más respaldo al presidente y a Morena y castigar al actual INE y a los opositores.
Como lo fue en el caso de la reforma eléctrica, el afrontar esta propuesta de reforma es un gran desafío de los opositores.
Frenarla requiere una oposición cohesionada.
El riesgo para AMLO es que salga el tiro por la culata y el resultado de la propuesta sea unificar a los opositores.
Si, a través de la discusión respecto a ella, Morena propicia, como lo hizo en el caso de la reforma constitucional en materia eléctrica, que los partidos opositores actúen como bloque sin fisuras, dará incentivos para avanzar en la unidad para el 2024.
Más que los detalles de la reforma lo relevante de ella serán los procesos políticos que desencadene.
Veremos.
