El precio de la gasolina regular en México, la que mayormente conocemos como Magna, se incrementó en 7.8 por ciento entre agosto de 2021 y el mismo mes de este año.
En promedio, en Estados Unidos, el incremento de los precios en dólares para ese tipo de combustible fue de 22.0 por ciento en el mismo periodo.
Es claro que los precios de las gasolinas en nuestro país han crecido mucho menos que en la mayoría de las naciones, y en particular menos que en Estados Unidos.
Y, eso ha tenido un costo.
Los cálculos más recientes de la Secretaría de Hacienda indican que para este año será del orden de los 395 mil millones de pesos.
¿De dónde han salido los recursos para sufragar ese costo fiscal?
Obviamente de los ingresos adicionales derivados del mayor precio de las exportaciones de crudo.
Los mismos estimados para el cierre de este año, indican que ese monto de ingresos extraordinarios será del orden de 398 mil millones de pesos.
Hay que recordar que la Ley de Ingresos aprobada por el Senado el año pasado estableció un precio promedio del crudo de 55.1 dólares por barril, mientras que el promedio, de acuerdo con los estimados de Hacienda para este año, será de 93.6 dólares por barril, es decir, 38.5 dólares adicionales por barril.
Es muy claro que la contención del crecimiento de los precios de las gasolinas ha sido el factor que más ha funcionado para contener la inflación en México.
La mayor parte de los cálculos indica que si no hubiera existido una política de contención de los precios de las gasolinas, el incremento anual de los precios al consumidor estaría en un nivel cercano al 13 por ciento en lugar del 8.7 por ciento vigente.
Un cuestionamiento generalizado es que esta política tiene un efecto negativo en la redistribución del ingreso, en virtud de que los segmentos más privilegiados consumen más gasolina.
Hay elementos, sin embargo, que no se han medido suficientemente y que pueden hacernos concluir que también hay otros efectos positivos.
Sin lugar a duda, uno de los más relevantes es el incremento del salario real.
Le hemos comentado en este espacio que el incremento del salario medio de cotización al IMSS en los últimos doce meses fue de 11.5 por ciento.
Esto implica un crecimiento real de 2.6 por ciento.
Si la inflación fuera de 13 por ciento, tendríamos una caída real de 1.3 por ciento.
Sin duda, una inflación mayor repercutiría en una reducción real del consumo.
El otro factor que no siempre se toma en cuenta es el impacto de los mayores costos financieros, tanto para el sector público como para las empresas privadas y las familias.
La tasa de Cetes a 28 días se encuentra en este momento en 8.55 por ciento, lo que implica una tasa real ligeramente negativa si se considera la inflación de los pasados 12 meses, que fue de 8.7 por ciento.
Suponiendo la misma tasa real, si la inflación estuviera en 13 por ciento, la tasa de los Cetes estaría quizás en 12.5 por ciento.
Los estimados de Hacienda indican que sin la contención del precio de las gasolinas la erogación adicional por mayores costos de la deuda pública sería del orden de 95 mil millones de pesos anuales, que serían recursos que habrían de sacarse del gasto público.
Obviamente, toda esta visión es controversial, pues también puede plantearse que, si esos 398 mil millones de pesos de ingresos por arriba de lo previsto se hubieran asignado a otros propósitos diferentes a la contención de la inflación, quizás hubieran tenido resultados más relevantes en términos de beneficio social.
Es factible. Pero creo que vale la pena ponderar también estos factores que no se consideran usualmente en las evaluaciones del impacto de la contención de los precios de las gasolinas.
Sobre todo, porque aunque el escenario más probable es que no se repitan en 2023 los niveles tan elevados de precios de las gasolinas que tuvimos en este año, la situación global es muy incierta y más vale aprender de lo que pasó en el 2022.
¿O usted preferiría mayores precios de las gasolinas a cambio de que el gobierno contara con mayores recursos presupuestales?
Es una pregunta honesta.
