Viene una nueva tormenta económica en México.
El presidente de la República anunció ayer que presentará una iniciativa para eliminar la subcontratación laboral, el outsourcing.
De acuerdo con los datos del INEGI basados en los Censos Económicos del 2019, trabajan bajo esa modalidad 4.6 millones de personas en el país. Esto es equivalente aproximadamente a la cuarta parte de los empleados en la economía formal.
Hay miles de empresas que usan ese tipo de contratación para determinadas actividades.
La idea del presidente no es nueva. Hace un año, el 23 de octubre, el senador Napoleón Gómez Urrutia presentó una iniciativa para prohibir la subcontratación.
La iniciativa fue frenada por el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal. Como resultado de ello, en febrero de este año, se desarrolló un Parlamento Abierto en el Senado en el que se escucharon muy diversas voces.
La propia secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, comparó la subcontratación, el outsourcing, con el colesterol: hay bueno y hay malo. Hay uno perfectamente legal y conveniente, y hay otro que es ilegal y abusivo.
Si lo dicho ayer por el presidente López Obrador es literal, pasará por encima de las consideraciones del líder de la mayoría en el Senado y de su propia secretaria del Trabajo, y se alinearía con las opiniones de Gómez Urrutia.
El efecto sobre el empleo sería demoledor.
Como en otras materias, si se optara por eliminar la subcontratación en lugar de regularla y asegurar que no se use para violar derechos de los trabajadores, se estaría tirando el agua sucia de la bañera con todo y niño, como ya ha sucedido en otros casos, como el más reciente de los fideicomisos o como pasó con la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco.
La implicación sería una pérdida enorme de empleos o bien el traslado a la informalidad de otros.
No puede dejar de reconocerse que en México sí ha existido un abuso de la subcontratación, sobre todo en sectores como el financiero o de transportes, o muy diversas ramas del sector servicios.
Sin embargo, eliminar por completo ese formato de contratación incrementaría fuertemente los costos laborales y crearía múltiples ineficiencias.
Pretender regresar a las rigideces laborales de los años 60, en donde los sindicatos tenían un control férreo de las plazas en las empresas, públicas y privadas, sería poner un lastre enorme a la economía mexicana.
Sin embargo, no resulta extraño en la visión del presidente de la República, que considera que la situación de esa economía de los años 60 es la deseable y que México debe tratar de volver a esa condición.
En ese entonces, la economía crecía y con ella las clases medias, las ciudades y el nivel de vida promedio.
Si existiera una máquina del tiempo, podríamos por lo menos discutir si realmente esa época fue mejor que la presente, como para desear volver a ella.
Pero, resulta que la historia se mueve en una sola dirección: hacia adelante. El tiempo no puede regresar, por más nostalgia que tengamos.
Sin embargo, no solo en México sino en muchos lugares del mundo, hay muchas personas que añoran esos tiempos. Fueron ellos quienes pusieron a Trump en la presidencia o decidieron el Brexit.
No podemos regresar al pasado. Lo que sí puede ocurrir es que en el afán de dar marcha atrás provoquemos un descarrilamiento de la economía y la sociedad, como si quisiéramos poner reversa en un tren que va hacia adelante.
Lo dicho: viene otra tormenta.
