Pareciera que a políticos y funcionarios de repente les picó el gusanito de la “austeridad”.
Comenzando por el anuncio de una reducción nominal de 10 por ciento en los salarios de los funcionarios públicos federales de alto nivel y de algunos estados que siguieron el ejemplo; la suspensión de la construcción de torres en el INE; la reducción de prestaciones para los propios consejeros y funcionarios del Instituto, la devolución de prerrogativas por parte del PRI de Jalisco, solo por citar algunos casos.
¿Cuántos recursos se podrán ahorrar con estas medidas? Quizás algunos cientos de millones en el mejor de los casos. ¿Serán comparable acaso con lo que se estima habrán de obtenerse con el incremento a las gasolinas?
La realidad es que no hay proporción entre una cosa y la otra. Déjeme usar la siguiente analogía: es como si alguien quiere bajar de peso y toma refrescos sin calorías, pero sigue entrándole con fe a tacos, tortas y tamales.
Es de apreciarse que funcionarios y políticos hagan un esfuerzo de austeridad. Ojalá le sigan.
Pero, el problema con el Presupuesto es que hay cantidades enormes de recursos comprometidos en gastos cuyos resultados no son claros o incluso en nada contribuyen al abatimiento de la pobreza o a mejorar la distribución del ingreso.
Y aquí si hay muchos miles de millones de pesos en juego, 2.8 billones de pesos es el rubro de desarrollo social. El Coneval ha hecho evaluaciones de programas de la política social.
De casi 200 programas de política social que fueron evaluados para el periodo 2014-2015 (el más reciente disponible) apenas 26 fueron calificados en el cumplimiento de sus objetivos como destacados o adecuados.
La mayoría de los programas carecía de información para poder ser evaluados y cerca de 50 fueron calificados con el elegante recurso de: “oportunidad de mejora”. Otros obtuvieron un calificativo de “moderado”, en cuanto al nivel de cumplimiento de sus objetivos.
No soy de los que piensan que el sector público debe gastar poco. En los comparativos internacionales se muestra claramente que el gasto del sector público mexicano es menor en proporción al tamaño de su economía, al de la mayor parte de países exitosos.
El tema no es el monto sino su estructura, su gestión y desde luego, también la transparencia y rendición de cuentas.
Cuando se lanzó el llamado Presupuesto Base Cero, presuntamente se hizo una revisión de programas. Y, aunque se compactaron algunos y eliminaron otros, el cambio fue menor.
Hay que estar conscientes de que las presiones fiscales que observamos este año y que obligaron al incremento de las gasolinas y previamente a los recortes, no constituyen un episodio que vaya a ocurrir de una sola vez.
Más bien se trata de un cuadro que tendremos en el futuro, pase lo que pase con Trump o con las elecciones del 2018.
Más nos vale asumir que en el futuro se va a requerir mayor carga fiscal y menor gasto improductivo (económica o socialmente) simplemente por las presiones que va a imponer el cambio demográfico y la demanda creciente de pensiones y servicios médicos.
Más nos vale discutir ese tema ahora, o el impacto del “gasolinazo” va a quedar como una broma cuando en el futuro veamos lo que se requiere para estos propósitos.
