Venezuela, que cuenta con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, se ha convertido en un país lleno de miseria y violencia donde la criminalidad se ha apoderado del gobierno.
Este martes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo oficial la inclusión del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico. Autoridades estadounidenses afirman que El Aissami “juega un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”.
Dentro de las acusaciones en contra del vicepresidente El Aissami se encuentran facilitar el transporte de narcóticos al narcotraficante venezolano Walid Makled y “estar vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al violento cartel mexicano Los Zetas" de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
El Aissami ha ocupado puestos de alta jerarquía desde hace más de una década en el régimen chavista, entre los que destacan viceministro de Seguridad Ciudadana, ministro para Relaciones Interiores y Justicia, y gobernador del estado de Aragua. Desde enero de este 2017, cuando el presidente Nicolás Maduro nombró a El Aissami como vicepresidente, también se decidió delegarle 15 atribuciones presidenciales, entre las que destacan traspasos presupuestarios, expropiaciones y el nombramiento de viceministros —convirtiéndolo así en el vicepresidente más poderoso en la historia chavista.
Desde hace varios años se ha sospechado que El Aissami forma parte de un grupo muy poderoso dentro del gobierno venezolano que está involucrado con el narcotráfico, el lavado de dinero y la protección a grupos terroristas chiitas. En 2015, el Wall Street Journal reportó que tanto El Aissami como el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estaban siendo sujetos a una investigación en Estados Unidos por sus actividades criminales.
Las investigaciones y sanciones no solo incluyen a El Aissami, sino también al ministro del Interior Néstor Reverol, al ministro de Energía Luis Motta Domínguez, al exministro de defensa Henry Rangel Silva, al exjefe de inteligencia Hugo Carvajal y al exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, por mencionar a algunos.
No es ninguna exageración, tomando en cuenta la evidencia, argumentar que Venezuela ha operado como un narcoEstado desde hace más de una década.
Ya sea facilitando el paso de narcóticos o con apoyo directo a organizaciones criminales, el régimen chavista ha consolidado al crimen y la miseria como una forma de gobierno.
Los resultados están a la vista de todos. Venezuela es el segundo país con más homicidios y con más inflación en el mundo; la economía se contrajo 19% en 2016; existe una escasez sistémica de alimentos y medicinas; y de acuerdo con estudios recientes, 87 de cada 100 venezolanos no cuentan con suficientes recursos para alimentarse.
En Venezuela también se ha encarcelado a por lo menos 100 opositores políticos, se ha disuelto prácticamente la división de poderes, se castiga la libertad de prensa y se reprime violentamente cualquier manifestación en contra del gobierno.
Desafortunadamente, más allá de las sanciones de los Estados Unidos y de cartas de expresidentes de la región exigiendo un cambio de rumbo, la comunidad internacional parece no estar interesada en el calvario venezolano.
Estados Unidos no puede ser el único país que sanciona y recrimina las actividades criminales del gobierno de Venezuela. México, un país directamente afectado por las acciones del chavismo, debe tomar cartas en el asunto y exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que expulse de su gobierno a funcionarios con nexos probados con cárteles mexicanos.
La seguridad y bienestar del hemisferio requiere una respuesta regional, y pretender que lo que pasa en Venezuela no le afecta a México es complicidad o ingenuidad.
