Durante la sesión del pasado martes en el Senado, la legisladora Lilly Téllez lanzó un discurso que se puede llamar coloquialmente como “pegador” y que tanto le caracteriza. Aunque no merece mucha atención en sí mismo, lo dijo mientras se estaban discutiendo las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esa diferencia hace que se le considere, en términos legislativos, un acto de filibusterismo. ¿Qué significa? ¿Qué problemas puede generar? ¿Cómo se le sanciona en otros países?
Es natural que en todos los órganos legislativos del mundo se enciendan las pasiones: a final de cuentas, no solo son las asambleas la caja de resonancia de todo cuanto acontece, sino también las emociones están a flor de piel. Por eso el proceso legislativo es largo y tortuoso: se trata de alargar los tiempos de dictaminación y discusión, no solo para calmar las emociones, sino también para apostar al cansancio para alcanzar acuerdos.
Entre las tácticas que se usan para detener, interrumpir o boicotear una discusión se encuentran las tomas de tribuna, agresiones físicas o verbales y el filibusterismo. ¿Qué es? Consiste en dilatar una votación el mayor tiempo posible, apostando al boicot. El único órgano legislativo donde esta práctica es permitida es el Senado de Estados Unidos, donde una persona puede ocupar la tribuna y detener la discusión por el tiempo que su físico lo permita. Al hacerlo, se ha llegado incluso a leer directorios telefónicos.
Sin embargo, en el resto de las asambleas del mundo esta práctica es sancionada gracias a las atribuciones disciplinarias que tenga la presidencia de la Mesa Directiva. Al considerársele como una obstrucción al proceso legislativo, se le puede sancionar desde la amonestación, la amonestación con constancia en el Diario de los Debates o la suspensión sin goce de sueldo. En algunos países, a las personas reincidentes se les puede expulsar por mayoría calificada.
Hay un elemento adicional a resaltar del discurso de la senadora Téllez: si bien los órganos legislativos tienen absoluta libertad de palabra para garantizar su autonomía, en algunos países buscan impedir el abuso de esa atribución al no proteger a las personas que incurren a calumnia, difamación, libelo o llamados a sedición. Ciertamente esas acotaciones no existen en México, pero habría que considerar qué tanto se entró o no en ese terreno, y cómo ello puede enrarecer todavía más la gobernabilidad interna del Senado.
Lamentablemente, es difícil discutir estos temas si no se tiene una presidencia de Mesa Directiva que cuente con la total confianza de toda la asamblea. Y no estamos en este caso durante el primero años de sesiones de esta legislatura, por lo menos.
