Cada proceso electoral, vemos a cierto número de candidaturas sobre las que lo único que podemos decir es que están buscando “fuero”, ya sea porque están dejando un cargo sobre el que presuntamente cometieron actos de responsabilidad penal, o porque de plano enfrentan procesos penales. Lo anterior es resultado de una prerrogativa mal diseñada, y aplicada por criterios políticos.
Para empezar, el “Fuero constitucional” no existe. Nada pasaría si quitamos la palabra del artículo 61 constitucional. De hecho, las reformas que se han hecho en los últimos años para acabar con el “fuero” sólo abonan a la simulación. En cambio, hay dos prerrogativas que tienen todos los órganos legislativos del mundo, para garantizar su autonomía. Es decir, las personas legisladoras son protegidas en tanto que son necesarias para que la asamblea funcione, no son un atributo individual.
La primera prerrogativa es la inviolabilidad, que protege a la persona legisladora de toda declaración o voto que haga en el ejercicio de sus funciones, entendiendo que ocurren en el pleno o en comisiones. No puede haber órgano legislativo autónomo sin libertad de palabra.
La inmunidad protege al legislador de ser arrestado por razones políticas. La autoridad presenta la petición ante la Mesa Directiva y el pleno decide si protege o no al acusado. No es un privilegio personal, sino una garantía irrenunciable para mantener el quórum.
En todos los países se ha abusado de estas prerrogativas y en la mayoría se han acotado para evitar que sean instrumento de impunidad. Por ejemplo, dejar claro que solo operan en periodos de sesiones, que no se proteja a la persona legisladora que haya sido sorprendido en flagrancia, o que se considere a la persona entregada a la justicia si la Mesa Directiva no resuelve sobre la solicitud de procedencia.
Las prerrogativas en México están tan mal diseñadas y acotadas, que se han convertido en una verdadera patente de corso. Peor aún: las iniciativas que se han presentado en la materia son simulaciones. Entendamos a nuestros políticos, nadie hablará claro sobre algo que reduciría sus márgenes de discrecionalidad. Ahora bien, ¿por qué es atractivo el “fuero” como un recurso para evadir la justicia?
En primer lugar, porque mientras en otros países queda claro que la inmunidad solo protege a la persona de acusaciones hechas desde el momento que se toma posesión, en México no hay un criterio limitante: es como si se tratara de ganar fuero para llegar a la “base” de la impunidad.
Además, mientras en la mayoría de los países la solicitud de procedencia la procesa la Mesa Directiva como órgano de representación de la respectiva asamblea, en México decide en la materia la Sección Instructora: un órgano donde hay representantes de los partidos, tomándose decisiones por razones políticas.
Finalmente, si una persona es legisladora local y se le acusa de un delito federal, la Cámara de Diputados decide primero y su asamblea estatal ratifica. En el inter, puede darse cómodamente a la fuga.
Si los partidos no van a reformar estos temas de una forma adecuada porque no les conviene, es hora que la ciudadanía abrá las discusiones.
