El país es un campo de batalla de los criminales contra los ciudadanos, mientras el gobierno de López Obrador observa apanicado por el miedo al costo político, paralizado por el pavor a enfrentar al crimen organizado.
Guerrero es una anarquía en la que un día amanecemos con la noticia de que la alcaldesa de la capital del estado desayuna con el jefe de un cártel y a los dos días miles de manifestantes secuestran policías, roban un camión blindado de las fuerzas de seguridad, toman el Congreso local y bloquean una carretera federal casi dos días completos.
En Toluca, un incendio provocado termina en nueve muertos, entre calcinados y balaceados. Ahí mismo, en esa capital, aparecieron hace unos días colgados de un puente restos humanos frente a un plantel universitario; en San Luis Potosí hay una carretera en la que decenas de personas son secuestradas cuando van de excursión o simplemente desarrollan su trabajo; a plena luz del día en una carretera de Aguascalientes un comando armado se robó camionetas de lujo que estaban montadas en un tráiler; en Tamaulipas el secretario de Gobierno fue atacado a balazos por criminales mientras iba en su automóvil; en Michoacán hace unos días mataron a un hombre que fue líder de las autodefensas en ese estado. Se presume que más de 20 personas participaron en el ataque en el que dirigieron más de mil balazos a sus víctimas. En el municipio de Apatzingán se realizó, por parte de un grupo criminal, un ataque con drones cargados de explosivos; en Zacatecas han optado por suspender en diversos municipios hasta los concursos y fiestas populares por el riesgo que representa para los ciudadanos; Chiapas, que en años neoliberales albergó a un movimiento indígena armado, ahora, lejos de aquel romanticismo de impacto internacional, es un territorio dominado por el crimen organizado en el que policías y funcionarios son secuestrados y son liberados en una negociación para soltar a una cantante también plagiada por otro grupo. Ante el secuestro de los uniformados, el Presidente de la República manifestó: “Que los liberen o los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”. Así el nivel de responsabilidad de un hombre miedoso y cobarde que se esconde en su palacio cuando de criminales se trata.
A la mejor por eso a Marcelo Ebrard, la corcholata malquerida, se le ocurrió hacer algo que llamara la atención de los electores y se inclinó por un plan de seguridad que incluya, sobre todo, la detección y captura de criminales con herramientas de alta tecnología. Quizá Marcelo y su superequipo detectaron que había algunas grietas en el gobierno del que formaron parte y que eran en el apartado de seguridad. Por eso Ebrard salió en un video en el que anunciaba un gran plan para combatir la inseguridad. Quizás evaluaron que los criminales no se asustan si les dices que los vas a acusar con sus abuelitos para que los regañen o con sus papás para que les digan que no lo vuelvan a hacer. Quizás Ebrard descubrió que se necesitan altas dosis de indolencia para doblegarse de una manera tan cínica ante los líderes del crimen como lo hace López Obrador y lo que procedía era diferenciarse.
Quizás Ebrard se ha topado en sus giras nacionales con que los mexicanos están a merced de las bandas del crimen, que padecen inseguridad para ir a la escuela, al trabajo, al transitar una carretera, llevar mercancía, convivir con su comunidad. Quizá Marcelo descubrió el desastre que es la seguridad en este gobierno y entonces lanzó su plan ultramoderno en el que ya no acusa a los delincuentes con sus abuelitos. Eso irá pasando con las corcholatas: sus propuestas revelarán la descomposición del país en distintos rubros.
