La Auditoría Superior de la Federación señala que el costo de cancelación del aeropuerto será mayor a la cifra oficial y López Obrador pide investigar al auditor. No espera que concluya la fase de aclaraciones de la fiscalización: demanda se investigue al investigador, aunque él no tenga atribuciones para ello.
Un juez otorga una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica y el presidente pide otra investigación. En lugar de presentar un recurso para que el juez revise y –eventualmente– lo haga un tribunal colegiado, el presidente envía una carta al presidente de la Suprema Corte para intimidar al juez. En ella repite las peroratas de siempre: que hay intereses ocultos, que hay una prensa proempresarial, que Claudio X. González, Georgina Kessel y Felipe Calderón están detrás de la nueva conspiración, etcétera, etcétera.
No importa que semanas antes la misma Corte haya dicho que las medidas que restringen la competencia en el sector eléctrico son inconstitucionales: para López Obrador cualquier contrapeso o cuestionamiento a su gestión solo puede provenir de las fuerzas del mal.
Pero ayer el presidente fue más lejos: exhibió diversos votos emitidos por José Ramón Cossío cuando fue ministro de la Corte (2003-2018) y a cada uno le adjudicó motivaciones políticas: que si este voto fue para proteger a Calderón, que si aquel otro para cuidar los intereses de una empresa energética. Cossío es una mente lúcida y respetada en el mundo judicial y ha cuestionado acremente al presidente por su falta de conocimiento jurídico y de respeto a la división de poderes.
Se trata de una amenaza a los ministros en funciones que podrían enfrentar la misma suerte que Cossío: ser juzgados en el patíbulo presidencial si definen que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica son inconstitucionales. Se requieren ocho votos de once, de tal forma que con cuatro negativas la ley será vigente y López Obrador podrá colgarse la medalla de haber salvado a la industria energética nacional de las garras del imperialismo económico.
No obstante, vendrán múltiples litigios internacionales que fallarán en contra del Estado mexicano y entonces López Obrador asumirá una posición “anti yanqui” y podrá –incluso– amenazar con abandonar el acuerdo comercial con América del Norte.
Arturo Zaldívar, ministro presidente, ya tuvo una respuesta el sábado pasado a las amenazas de López Obrador, aunque en un tono tibio y excesivamente cuidado: “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
¿Qué responderá Zaldívar si López Obrador mantiene sus ataques al juez y los redobla en caso de que la suspensión provisional sea ratificada y se convierta en definitiva? ¿Y si la Corte invalidara los cambios a la ley y AMLO inicia sus ataques contra los ministros?
Ya sabemos lo que viene después de las elecciones: López Obrador propondrá una reforma constitucional para revertir la reforma energética de 2014, tenga o no los votos en el Congreso. Dirá que los conservadores no le dejan otra opción porque cuentan con al apoyo de jueces corruptos y de una Constitución con hedor neoliberal.
Si Morena pierde la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados (junto con sus aliados), López Obrador recurrirá a las consultas populares para presionar al Congreso. Cuando el pueblo diga que está de acuerdo con “salvar” a Pemex y la CFE de la voracidad neoliberal, AMLO exigirá que los legisladores escuchen a la gente. De una relación de sumisión, la relación Legislativo-Ejecutivo podría tornarse en una de conflicto.
Y así transcurrirá la segunda mitad del sexenio: con la bandera del nacionalismo energético como el eje de lucha histórica de López Obrador. Un presidente más ideológico y polarizante y menos pragmático.
Hay una lección clara de la democracia: no se puede apaciguar al tirano con razones o buenos modales, sino con votos.
