Mientras el gobierno de López Obrador es severamente criticado por la mala provisión de algunos servicios públicos como atención médica, medicinas y seguridad, y acusado por temas de corrupción, los datos publicados la semana pasada por el INEGI a través de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) muestran una evaluación positiva a su gobierno por parte de la población.
Lo que más llama la atención es la mayor confianza en el gobierno federal y, en general, para todos los gobiernos, tanto estatales como municipales. La confianza en el gobierno federal en 2017 era de apenas 25.5%. Los resultados de 2019 (51.2%), 2021 (54.1%) y 2023 (59.1%), son positivos para el presidente López Obrador y reflejan fortaleza del oficialismo en la percepción pública.
Incluso la confianza hacia las tres principales instituciones en las que más se apoyó AMLO: el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN), muestra incrementos importantes. En medio de las críticas por el proceso de militarización que experimenta el país: de 2017 a 2023 el Ejército y la Marina pasaron de 62.2% a 71.5%; la GN, de 62.8% a 65.6% en este indicador.
No obstante, el 59% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro (los datos de la encuesta urbana de seguridad son mayores). Este dato es cinco puntos menor que el de 2022, cuando el 64% de la población lo consideraba. A la vez, en una postura contradictoria, menos del 30% de la población en 2023 estaba satisfecha con el servicio que brinda la policía.
En el tema de salud la gente reprueba los servicios del IMSS y del ISSSTE con evaluaciones bajas de 49% de satisfacción (aunque para los servicios estatales del Insabi, hoy IMSS-Bienestar, la satisfacción reportada es mayor, de 58%). Cabe señalar que el peor rubro dentro del rubro de salud es el de medicinas.
La ENCIG se publica cada dos años desde 2011, y recaba información sobre las experiencias y percepciones de la población con trámites y servicios públicos proporcionados por los gobiernos federal, estatal y municipales. Estos incluyen salud, educación, seguridad, justicia y confianza en las instituciones. La ENCIG es una encuesta robusta que se le realiza a más de 45 mil personas.
También destaca que la percepción de la corrupción en trámites de gobierno sigue siendo muy alta (83.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción), pero es menor que en 2021. La tasa de prevalencia, entendida como la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes es de 13 mil 966, la más baja desde la ENCIG 2015.
A su vez, la tasa de incidencia, que consiste en los actos de corrupción consumados en al menos uno de los trámites realizados, fue de 25 mil 394 actos por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja desde 2013.
Por supuesto que esa es la corrupción a nivel de cancha del juego, la llamada corrupción callejera, diferente de la gran corrupción de sobornos en contratos de gobierno y adjudicaciones amañadas para beneficiar a amigos y parientes, que es la que se señala del gobierno federal.
Sin duda, el gobierno de López Obrador ha generado una narrativa poderosa apoyada por una política de programas sociales que han beneficiado —material y emocionalmente— a buena parte de la población. Por eso el gobierno es bien evaluado.
Por eso los malos datos de salud y seguridad afectan poco la alta confianza en el gobierno federal.
Los analistas podemos criticar el desempeño —y aun la negligencia y arrogancia del gobierno frente a las víctimas de la salud y de la violencia— pero una mayoría de la población no comparte esa visión. Las madres buscadoras o con hijos con cáncer podrán gritar la falta de empatía del presidente, pero una mayoría lo ve con agrado.
Que haya satisfacción hoy significa que el gobierno ha sido efectivo en atender las necesidades inmediatas de la población mediante transferencias en efectivo que sí ayudan a resolver muchos problemas del día a día; pero no implica, sin embargo, que con el paso de los años esa mejora sea sostenible.
