Una vez que el Plan A de reforma electoral fracasó (las enmiendas constitucionales), que el Plan B de cambios legales está suspendido por la Suprema Corte y que el Plan C (la captura del INE vía sus consejerías) fue socavado por la suerte, el gran riesgo de la elección de 2024 es el Plan D.
¿En qué consiste el “Plan D” que López Obrador ya ha probado anteriormente?
Básicamente en desafiar leyes y autoridades electorales y hacer proselitismo desde el púlpito de las mañaneras a favor de sus candidatos en 2024, atacar a la oposición y convocar abiertamente a la movilización de sus bases electorales en una suerte de coacción del voto con base en los programas sociales.
Esto ya ocurrió notoriamente durante el proceso de revocación de mandato en 2022, cuando el presidente de la República y los gobernadores de Morena hicieron campaña abierta de promoción a pesar de que la ley lo prohibía.
Se coaccionó el voto porque el oficialismo dijo que era necesario salir a votar “para que sigan las vacunas gratuitas y los programas sociales”. La mayoría de los votantes fueron beneficiarios de programas sociales del gobierno.
Asimismo, entre febrero y abril de aquel año aparecieron miles de bardas y espectaculares con la frase “Para que siga AMLO” con una foto sonriente de López Obrador. El costo de esa propaganda, también prohibida por la ley, habría sido de cientos de millones de pesos que habrían provenido de gobiernos locales, patrocinadores vinculados al oficialismo y quizá el partido Morena.
López Obrador requiere ganar la elección de 2024, cueste lo que cueste. Las encuestas de intención del voto muestran que Morena tiene más probabilidades de retener la presidencia, pero también es cierto que una elección polarizada como será la de 2024 tiende a ser competida porque es una competencia de dos.
Entre más competida sea, más se meterá López Obrador para evitar cualquier riesgo de derrota. Si es necesario será —en los hechos— el vocero de la campaña y el principal atacante de la oposición. Querrá hacer de la elección un refrendo de su gobierno: o estás a favor de profundizar la transformación en favor del pueblo o estás a favor de volver a un pasado de corrupción y privilegios de los conservadores.
La ejecución del Plan D implica violar la ley y el riesgo de desacato si el presidente y sus gobernadores desafían a la autoridad cuando les mandate neutralidad. Si en 2022 no hubo sanción alguna, para qué contenerse si lo que se juega es un botín político de grandes dimensiones.
En las últimas semanas muchos críticos del gobierno se han focalizado en advertir los riesgos del llamado Plan C. Este no ocurrirá porque el proceso de designación de consejerías limita el grado de injerencia política del gobierno y de los partidos, porque se basa en criterios de mérito y porque la suerte jugó a favor de personas expertas en la materia.
El riesgo de 2024 esta en otro lado.
Si el Plan D fracasara, es decir, que el intervencionismo presidencial fuera insuficiente para que Morena retuviera la presidencia de la República, siempre hay un as bajo la manga: rechazar el resultado de la elección y convocar a la movilización del pueblo para evitar que los conservadores regresen al poder.
Por supuesto podemos llamarle a este plan, de manera eufemística, el Plan E. Y este es el más peligroso de todos, aunque hoy se ve lejano e improbable.
