No basta con la creciente violencia en un país alfombrada de rojo por homicidios, feminicidios, robo con lujo de violencia... ahora se intensifica una modalidad, llena de crueldad, que todos conocemos como “linchamiento”. Por su preocupante incremento, fue tema en las mañaneras del presidente, para que explique qué está pasando con este delito sin castigo en México. Un desquicio de multitudes que en muchas de las veces atenta contra inocentes.
La RAE define al linchamiento como “Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”, por supuesto que se queda corta la definición y abre de par en par los entresijos jurídicos y el contexto particular en el que se da cualquiera de estas atrocidades donde falsamente se busca hacer justicia por propia mano.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM presentaron en 2019 el “Informe Especial sobre los Linchamientos en Territorio Nacional”. En él apuntan que “El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano, sin embargo, en los últimos años, se han acentuado los hechos de violencia colectiva en diversas regiones del país (…) sin que haya una consecuencia penal efectiva que inhiba la repetición de éstos”.
Y en efecto, en lo que va del sexenio los linchamientos en México van al alza. Según la asociación Causa en Común, que promueve “los derechos y libertades, las víctimas y la democracia y sus instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad”, asegura que en lo que va de este 2022 suman ya, 12 linchamientos y 115 que han sido frustrados. No obstante, 2021 resultó ser un año particularmente complicado en el cometimiento de estas atrocidades, al sumar 42 linchamientos y 279 intentonas; mientras que en 2020 se ejecutaron 39 y 150 tentativas.
Los estados con más incurrencias son Tlaxcala y Puebla con 2 linchamientos cada uno en este 2022. Mientras en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Edomex, Durango, Hidalgo y Oaxaca tienen uno. No obstante, prácticamente en las 32 entidades del país ha habido intentonas, incluida la CDMX, donde la inoperancia, chantaje y corrupción de la policía se vuelven cómplices del delito; un delito que aún no está tipificado y sin registro ni seguimiento oficial por parte de las autoridades federales.
La prensa y organizaciones civiles son quienes hacen el papel de llevar a cabo un registro sobre los linchamientos cometidos. Sucesos donde muchas veces las víctimas son inocentes, como fue el reciente caso del abogado Daniel Picazo, quien se encontraba de visita en el municipio de Papatlazolco, Puebla, y fue golpeado y quemado vivo por pobladores enloquecidos. Desde la noche antes a este terrible asesinato tumultuario, se esparció el rumor entre las personas del poblado, sobre un posible rapto de menores de edad. La idea de presuntos secuestradores se comenzó a alimentar desde días antes, por redes sociales. Todo era falso, sólo fueron ideas que alimentaron un miedo colectivo, y que acabó con la vida de un hombre de 31 años de edad.
Bastó con la ocurrencia, ignorancia, mentalidad delincuencial de varios sujetos de esta comunidad para señalar a Daniel como el probable delincuente. Lo golpearon y rociaron de gasolina. Su muerte llegó de forma inimaginable, incomparable, incluso en el peor de los infiernos de Dante Alighieri.
La mayoría de las personas linchadas, según Causa en Común, van de entre los 18 y los 30 años. Ante estos casos, muchas veces se habla de motín u homicidio, pero no son más que consecuencias de comunidades fallidas, sociedades enfermas que no encuentran en las autoridades de los tres niveles de gobierno soluciones a la inseguridad, ni respuestas a sus demandas, un círculo vicioso que no tiene freno ante la descomposición de un tejido social. Mientras tanto, la gente organizada suple, con sus propios protocolos, el vacío que ha dejado el Estado mexicano.
Incluso, existen acuerdos y acciones consensuadas entre la población de las comunidades antes de perpetrar un linchamiento. La senadora Josefina Vázquez Mota, quien se encuentra trabajando una iniciativa para tipificar este tipo de delitos, me explicó que primero hacen sonar una campana ante rumores esparcidos, la “campana de la muerte”. Después, entra en acción una comunidad enardecida y sin compasión, que se conjunta con otra pasiva, que de forma indirecta protege a quienes cometen el asesinato. Y para que se conjure la infamia, en la mayoría de las veces, la policía local llega tarde a los hechos, incapaz de salvar vidas. Incluso, en varias ocasiones la misma policía es la víctima de linchamiento, en México nadie se salva.
En las últimas tres décadas se han llevado a cabo más de 500 linchamientos en territorio nacional, y de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad y los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno.
