La campaña presidencial de Ricardo Anaya necesitaba un tema del cual hablar, porque lo del “cambio de régimen” no ha entusiasmado a nadie y su ausencia del panorama lo pueden desinflar por completo en las siguientes semanas y meses.
Y qué mejor para recobrar iniciativa que un pleito con el gobierno federal.
Corral es lo suficientemente kamikaze como para fabricarlo, y así tendremos a Anaya con un tema atractivo. Aunque no sea verdad.
El gobernador de Chihuahua es un extraordinario espadachín de la retórica, pero es un pésimo gobernante.
Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende a nuestro Estado y quieren hacernos pagar las consecuencias. No cederé ante las represalias y los amagos. Estoy listo para dar esta batalla; lo hago en defensa de la dignidad del Pueblo de CHIH. https://t.co/68UGwlrgzd
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) 8 de enero de 2018
La bandera de la lucha contra la corrupción es noble, y si hay materia para actuar qué bueno que lo haga.
Pero lo suyo es carne para las elecciones.
Su conferencia de ayer fue electorera, por encima de todo.
Dice que no le han entregado recursos a su gobierno en represalia porque pidió orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte.
La Secretaría de Hacienda le muestra que eso es falso.
Durante 2017 el gobierno de Corral recibió 23 mil 387 millones de pesos de participaciones federales, y recibió adicionalmente mil 106 millones de pesos en excedentes.
No le regatearon ni un centavo.
Por cuanto a participaciones federales vía Ramo 33, Chihuahua recibió 19 mil 699 millones de pesos, es decir, 924 millones por encima de lo presupuestado.
Si le han canalizado tanto dinero, ¿por qué Chihuahua está en la crisis en que se encuentra?
Porque una entidad que sube al pedestal nacional de los asesinatos, donde se registraron el fin de semana 31 homicidios en siete horas, es un estado en crisis de seguridad.
Desmanteló el sistema de mandos profesionales que diseñó su antecesor y nombró a sus cuates.
Puso a la Procuraduría estatal al servicio de la persecución política y no a las tareas de seguridad pública.
Sus seguidores –algunos– culpan del incremento de los índices delictivos a “un aumento inducido en la violencia”, y que hay una campaña mediática en su contra.
Mal harían los medios en guardar silencio ante el desastre en seguridad que es Chihuahua.
Los paladines de la libertad de expresión (en tiempos de democracia, que es fácil serlo) exigen autocensura a los medios.
En los primeros catorce meses de gobierno de Corral han aumentado 49% los homicidios dolosos, con respecto a los 14 meses previos a su toma de posesión.
Destrozó a su estado de un plumazo. ¡49% crecieron los homicidios en 14 meses!
Chihuahua ha vuelto a ser el paradigma de la violencia y la criminalidad en el país. Esa situación ya se había superado con años de trabajo profesional. Al caño.
En la conferencia de prensa de ayer, Corral dijo algo más que preocupante cuando le preguntaron por los panistas que tiene como testigos protegidos en el caso del homicidio de Miroslava Breach.
Dijo que era “falso de toda falsedad” que sus compañeros de partido fuesen testigos protegidos.
Son “testigos de identidad protegida”, aclaró.
Pero si ellos participaron en el crimen de la corresponsal de La Jornada, ¿por qué no los detienen? Porque son “testigos de identidad protegida”. Es decir, están a salvo de la acción de la justicia.
Polemista hábil, desdeñó al reportero que le hizo la pregunta y le dijo “luego te contesto”.
Y dejó la respuesta sobre el tema para el final, cuando ya no había derecho de réplica.
Si es cierto que combate la corrupción, muy bien.
Pero Corral fabricó un pleito con el gobierno federal que no es por la corrupción, sino por dinero que le han dado a manos llenas.
Fue un evento de campaña. Le aventó un tanque de oxígeno a Ricardo Anaya que no tiene, por ahora, tema de qué hablar para atraer reflectores.
