Si el Presidente le hubiera pedido la renuncia al secretario Ruiz Esparza por el socavón de Cuernavaca, hoy el gobierno estaría contando algunas de sus mejores historias de éxito en favor de la transparencia.
Ruiz Esparza debió irse no por ser el culpable del hoyo –no lo sabemos–, sino por ser el responsable.
Sin la loza del titular de la SCT, hoy sería una noticia de primera importancia el extraordinario ejercicio de transparencia de la Secretaría de Educación Pública que entregó la Auditoría a la nómina magisterial, y dio de baja a 44 mil aviadores y empleados inexistentes.
De un plumazo Aurelio Nuño descobijó lo que nadie había querido enseñar: la existencia de decenas de miles de aviadores que sangran a la SEP con cinco mil millones de pesos al año.
Esa cantidad de aviadores es equivalente a la tercera parte de todo el personal de Pemex.
Ante nosotros se acaba de desmantelar la más grande y obscura red de saqueadores del presupuesto en el área más sensible de la administración pública: la educación.
Tal medida pasa a un segundo plano por un socavón en el que murieron dos ciudadanos inocentes y nadie se hace cargo de esa desgracia.
Si Ruiz Esparza renuncia en los siguientes días no será visto como un acto de autoridad del Presidente, sino el producto de la presión pública.
Lástima, se debió haber actuado con prontitud ante las desatinadas reacciones del secretario de Comunicaciones en relación con el hoyo mortal en el Paso Express de Cuernavaca.
En el gobierno dicen que sería injusto quitar a Ruiz Esparza hasta que no se diluciden las responsabilidades concretas del caso. Mal cálculo. Los secretarios son fusibles para evitar que el cortocircuito le pegue al presidente.
Porque cuando se lesiona al presidente, también se lastima a su proyecto, a su obra, a su imagen y a su partido. Eso es lo que había que defender, no a Ruiz Esparza.
Al sostener contra viento y marea al secretario se manda el mensaje de que no quieren corregir.
De haberlo quitado, ahora el gobierno podría tener dos medallas más que colgarse al pecho.
Ayer llegó de Guatemala el exgobernador de Veracruz Javier Duarte y se encuentra preso en una cárcel mexicana. No hubo impunidad, y parte de su gabinete está detenido en el penal de Pacho Viejo.
Pero en lugar de presumirse como un logro en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, en la opinión pública queda la impresión de que hubo algún arreglo, pues no resulta creíble que este gobierno tome en serio el combate a la corrupción.
Hoy el gobierno podría presumir otro golpe contra la impunidad, pues ayer la PGR solicitó orden de aprehensión para medio gabinete del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. El secretario de Gobierno, el de Finanzas, el de Seguridad Pública, el de Infraestructura y Transporte, entre otros.
Además se pidió orden de aprehensión contra el excandidato del PRI al gobierno del estado, Mauricio Góngora.
Han sido, pues, una seguidilla de golpes contra la corrupción y la impunidad que quedan relegados por una lenta reacción política ante el socavón en Cuernavaca.
Ese hoyo, y la falta de reflejos para remover al titular de Comunicaciones –por ser el responsable, no necesariamente el culpable–, se va a tragar la credibilidad en el combate a la corrupción y la impunidad.
Y el precio para hacer aliados en la próxima elección presidencial se va a incrementar al doble, porque el PRI ya no es ninguna marca para presumir.
Caro, muy caro pagarán el gobierno y su partido
