La violencia que hay en el país se explica, en parte, por lo que hacen o dejan de hacer las policías estatales. Así, conocer cómo operan y con cuántos recursos cuentan las policías estatales es fundamental para evaluar cómo se hace frente a la inseguridad a nivel local. El Inegi acaba de publicar el Censo Nacional de Seguridad Pública 2023, el cual aporta información al respecto. Me gustaría comentar sobre algunos hallazgos presentados en esta encuesta y que son relevantes para la creación de políticas públicas para la paz.
La encuesta expone cuántos recursos ejercen las corporaciones de cada estado, un dato por el que nos podemos dar cuenta de que, por lo general, las entidades que más invierten en seguridad pública son las que han tenido los mejores resultados en la reducción de la violencia. En este renglón, los casos de Yucatán y la Ciudad de México son los más destacados. Asimismo, vemos que entre 2021 y 2022 el presupuesto ejercido por el conjunto de las corporaciones estatales aumentó en poco más de 10%; sin embargo, si tomamos en cuenta la inflación, el presupuesto creció poco más de 2%. Este incremento es muy pobre, por lo que es indispensable que se redoblen los esfuerzos presupuestales en el tema de seguridad pública. Al respecto, Futuro ha presentado ante el Congreso del Estado de Jalisco #SeguridadesPrioridad, una iniciativa que busca blindar el presupuesto en temas de seguridad.
Otro dato que salta a la vista es el número de policías adscritos a las secretarías de Seguridad Pública de cada una de las entidades. Tenemos casos como el de la Ciudad de México, que tiene 3.7 elementos por cada mil habitantes y que la posicionan como la entidad con más policías del país. En el otro extremo tenemos estados como Jalisco, cuya Secretaría de Seguridad Pública dispone de tan sólo 0.3 elementos por cada mil habitantes, a pesar de la grave crisis de inseguridad que se padece en el estado. La diferencia en el número de elementos entre las entidades es enorme, por lo que es necesario analizar hasta qué punto el que haya más o menos agentes explica las diferencias en los niveles de inseguridad de cada estado.
Con la encuesta también podemos conocer que la seguridad pública es todavía una tarea masculinizada, ya que sólo el 27% de los elementos en activo de las corporaciones estatales son mujeres. Sin embargo, tener un mejor balance entre sexos al interior de las corporaciones podría mejorar las condiciones de seguridad en el estado. Según un estudio de la Universidad de Virginia publicado en 2018, las oficiales mujeres son menos propensas a hacer un uso excesivo de la fuerza, mejoran la respuesta de la corporación contra actos de violencia de género y reducen los problemas de acoso al interior de las fuerzas del orden. El trabajo de las mujeres policía también debería de tener consideraciones de género, ya que la carga del trabajo de cuidados recae siempre en las mujeres, tengan la profesión que tengan.
Otro de los elementos que aporta la encuesta es la causa de fallecimiento de los uniformados. Es muy triste ver que entre 2021 y 2022 se reportaron dieciocho suicidios entre elementos de las policías estatales. Según un estudio previo del mismo Inegi, esto podría deberse a que los policías están más expuestos a padecer problemas psicológicos con respecto a la población civil. La urgencia de que los elementos policiales cuenten con servicios integrales para cuidar de su salud mental es evidente. En ese sentido, hace poco en el estado de Jalisco se aprobó Salud Mental es Derecho, una iniciativa lanzada desde Futuro que busca garantizar este servicio a las y los trabajadores de las corporaciones policiacas.
Información como esta es fundamental porque nos permite conocer el estado de nuestras policías estatales. No hay otro modo de obtener claridad sobre las instituciones y las políticas públicas que necesitamos para hacer de México un país más seguro. El diagnóstico que nos presenta el Inegi en el Censo Nacional de Seguridad Pública es indispensable para acercarnos, aunque sea un poco, a la paz que todas y todos anhelamos.
