Durante la última década, los precios de la renta de la vivienda en Portugal registraron un aumento exponencial. Predeciblemente, estos aumentos trajeron consigo la expulsión de los habitantes que no pudieron pagar precios de renta más elevados y la gentrificación de grandes espacios, sobre todo en los centros históricos de las ciudades más pobladas.
Para hacer frente a este problema, hace unas semanas el gobierno portugués anunció una serie de medidas con el fin de controlar los precios del alquiler a nivel nacional. Hay cuatro medidas que son la base de este paquete de reformas.
Primero, y la que es la medida más disruptiva de las anunciadas por este país, es el alquiler forzoso de las más de 700 mil viviendas desocupadas que hay en Portugal. Esta ley autoriza al gobierno portugués a actuar como intermediario entre arrendatario y arrendador. La propuesta contempla que el gobierno podrá subarrendar los pisos vacíos, con cuotas que no podrán ser superiores a una tercera parte del ingreso familiar. El mismo gobierno fungirá como aval de los inquilinos ya que asumirá sus rentas impagadas, para después alcanzar un acuerdo con los deudores.
En México se observa un problema similar. De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEGI, en nuestro país existen 44 millones de viviendas particulares, de las cuales 6 millones están deshabitadas. Esta cifra se acerca a los 8 millones de viviendas que el INEGI nos indica que los mexicanos planean rentar, comprar o construir. Existen viviendas disponibles y personas que las requieren, sin embargo, estas no son adquiridas ni rentadas. Será interesante ver los resultados que tenga esta política en Portugal y los aprendizajes que pueda ofrecernos.
Segundo, un techo máximo en los incrementos a los precios de alquileres, el cual podrá ir, a lo sumo, a la par de la inflación. Esto pretende disminuir los casos de expulsión de arrendatarios cuyos aumentos salariales se despeguen mucho de los incrementos en los precios de la renta. Cabe advertir que medidas similares a esta fueron adoptadas en otras ciudades europeas, aunque sin mucho éxito. Desde 2019 en París se tiene un techo máximo a los precios del alquiler, aunque se siguen reportando abusos por parte de los arrendatarios. En Berlín, el Tribunal Constitucional revirtió el control de alquileres. Sin embargo, una ventaja es que en el caso de Portugal estas políticas son de escala nacional, no solo en ciudades o regiones.
Al igual que en el caso anterior, las medidas de control de precios en función del costo de vida también son muy relevantes para México ya que los incrementos en el precio del alquiler son superiores a los de la inflación general. Según datos oficiales, los precios de los alquileres incrementaron en 9.4 por ciento entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022; mientras, la inflación general fue de 8.7 por ciento. Es decir, los precios de los lugares para vivir crecen más que el resto de las cosas.
Tercero, el fin de los llamados visados de oro, los cuales conceden permisos de residencia a las personas que inviertan en inmuebles con un costo superior a cierto nivel. Aunque al permitir la llegada de capitales extranjeros se incentivó el mercado inmobiliario, también se promovió la adquisición de espacios de vivienda con fines comerciales, incrementando los precios para las personas ordinarias. Hay que subrayar que, con la eliminación de esta política, Portugal sale del grupo de países desarrollados que otorgan permisos de residencia a las personas inversoras, y que incluye a países como EU y el Reino Unido.
Por último, se prohibirá el registro de nuevos pisos turísticos en todo el país, una medida que al limitar el crecimiento de plataformas de arrendamiento de espacios busca que las viviendas puedan ser ocupadas por las personas que más lo necesitan. Esta es una demanda que está movilizando a personas en ciudades de todo el mundo, incluidas las mexicanas, en la que la falta de controles gubernamentales al uso turístico de la vivienda eleva los precios de las rentas y rompe con la vida comunitaria de barrios y conjuntos habitacionales.
La apuesta de Portugal en materia de vivienda es ambiciosa pero no desproporcionada, ya que el problema de acceso a la vivienda exige acciones firmes, sensatas y valientes para recuperar el sentido de existir de las ciudades: ser un lugar para vivir de manera decente.
