El COVID-19 ha traído consigo numerosas afectaciones económicas al planeta y a nuestro país. El Banco de México ha reportado severas pérdidas en el turismo, la industria de transporte, cultural, deportiva, manufacturera y de servicios. Sin embargo, las consecuencias del confinamiento y de la crisis sanitaria no solo han perjudicado a dichos rubros.
En la Encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19, que realizó el INEGI a mediados de este año, reveló que el 93.2% de los centros de trabajo encuestados experimentaron consecuencias debido a la contingencia de salud. La emergencia de salud precedió a la económica.
Los recortes de personal, la disminución del ingreso familiar y los gastos emergentes relacionados a la pandemia han generado una situación sumamente crítica en los bolsillos de las y los mexicanos. Como en los casos en los que se presenta un huracán o un terremoto, este tipo de emergencias requieren que los gobiernos tomen acciones para ayudar a su población.
Frente a esta realidad, mucho se ha discutido sobre aquellas medidas que podrían generarse desde el gobierno federal para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Distintas organizaciones y expertos han mostrado la pertinencia de que el gobierno de México responda ante esta pandemia a través de un ingreso universal, programas sociales focalizados a poblaciones vulnerables, estímulos a micros y pequeñas empresas, la extensión de becas a nuevos grupos de estudiantes y demás ayudas sociales. Sin embargo, entre las soluciones que se han propuesto, considero que se han discutido en menor escala las políticas que podrían implementar los gobiernos municipales.
Es cierto que, por mucho, este nivel de gobierno posee una menor cantidad de recursos que el gobierno federal. Sin embargo, los ayuntamientos tienen la gran ventaja de estar en contacto directo con la población y, con ello, tienen una mayor claridad sobre los actores, recursos, saberes y dinámicas vecinales, así como sus necesidades. Estas condiciones permiten que los ayuntamientos puedan desarrollar programas económicos con una gran claridad sobre cómo beneficiar a su comunidad.
Un ejemplo de cómo impulsar la economía local a través de las inversiones municipales es el llamado “Modelo Preston”. Nacido hace menos de una década en el condado de Preston, Reino Unido, este enfoque económico busca que el ayuntamiento, universidades públicas e instituciones de salud de la localidad, trabajen de la mano con la comunidad para adquirir la mayor cantidad posible de bienes y servicios de manera local.
Este modelo funciona a través de la ley que promovió este ayuntamiento en 2015, la cual incluso ha tenido el visto bueno de la Unión Europea en su papel para evitar prácticas proteccionistas o poco eficientes. El modelo consiste, entre otras cosas, en un sistema de adquisiciones a través de puntajes, los cuales valoran el impacto de una compra pública en la comunidad. Si, por ejemplo, en la localidad se tiene una pequeña fábrica de limpiadores y jabones que presentan una oferta similar, tanto en precio como en calidad, a la de una empresa multinacional, el comité de compras favorecerá siempre al productor local.
Desde luego, existen servicios y productos que por su tecnología o especialización no son susceptibles de entrar en este esquema. Sin embargo, es claro que existen un sinfín de compras que los ayuntamientos en nuestro país realizan sin priorizar a los productores locales que presentan ofertas realmente competitivas.
En ese sentido, como primera idea, existe un enorme potencial al orientar el gasto público con el objetivo de beneficiar a la comunidad más inmediata. Esta es solo una de varias propuestas que presentaré en próximas entregas sobre cómo podemos hacer frente a la pandemia desde los municipios, desde una visión más justa, ecológica y responsable de los recursos públicos.
