Se ha repetido hasta el cansancio que la educación es fundamental para la prosperidad de las sociedades. Cuando los gobiernos invierten en educación, su población accede a mejores oportunidades laborales y aumenta la productividad del país. Además, se ha vinculado a la educación con un estado de menor inseguridad. En general, la relación entre gasto en educación y desarrollo se ha demostrado empíricamente y ha quedado claro que en los países en desarrollo, como México, el gasto público en educación tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico.
El caso de Finlandia es particularmente conocido por los resultados positivos de su estrategia educativa. Y no es para menos, pues para finales de los años 60, sólo el 10% de su población había terminado la secundaria. Es la determinación del parlamento en los años 70 de generar las condiciones para que todas las personas pudieran tener acceso igualitario y gratuito a educación de calidad. Pero la voluntad no fue suficiente, pues tuvo que estar acompañada de la asignación presupuestal necesaria para volver la apuesta una realidad. Como comúnmente se dice, en política el amor se ve en el presupuesto.
En México, el gasto público total en educación no es tan poco como podríamos pensar. Según datos de la OCDE, el rubro de educación representa el 13.4% del gasto total del gobierno. Esta cifra nos pone por encima del promedio de este grupo de países, así como de un buen número de economías desarrolladas, como Corea del Sur, el Reino Unido o Francia, que ejercen en torno al 10%. Esta tendencia se mantiene en todos los niveles educativos, de educación básica a superior.
Y aunque esta cifra podría parecer elevada, no lo es cuando la ajustamos por el tamaño de población en años escolares que tiene México. Compararnos en este renglón con países desarrollados no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos se gasta cuatro veces más por estudiante en educación básica. Sin embargo, esta cantidad también es menor que otros países en la región. En Brasil, Argentina y Chile se gasta el doble por estudiante en educación básica. En otras palabras: a pesar de que en términos relativos la educación pareciera ser una prioridad de los gobiernos en México, aún no se gasta lo necesario para estar a la par de otros países con niveles de desarrollo similares al nuestro.
Este tema es relevante en el contexto actual, en el que está por comenzar la discusión del Paquete Económico. Recordemos que a más tardar el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 al Congreso de la Unión. Habrá que estar al pendiente de cuánto se le asigna a la educación pública en el país, pero también de cómo se dirige. La Secretaría de Educación Pública en 2022 recibió 364 mil 600 millones de pesos. Este es un monto histórico, que en términos reales representa un 10% más con respecto al 2018, pero que como hemos visto es insuficiente.
Hagamos un ejercicio sencillo para demostrar por qué esto es poco. Si al ritmo actual de crecimiento quisiéramos duplicar el gasto asignado a la SEP, para por lo menos ponernos al nivel de otros países latinoamericanos, nos tomaría alrededor de 40 años. Visto de otro modo, nos llevaría hasta dos generaciones completas estar a la par de otros países similares al nuestro. Si no queremos que este sea el caso, todos los niveles de gobierno debemos de asignar muchos más recursos a la educación. En un contexto en el que la inseguridad y la complejidad económica lo demandan, los gobiernos tienen que empezar a priorizar la educación en el gasto –donde más importa–, y no sólo en su discurso.
