Es indiscutible que ha habido avances en el combate a la pobreza durante estos últimos años: 5 millones de personas han dejado la pobreza entre 2018 y 2022, lo que en buena medida se explica por los programas sociales de este gobierno. Sin embargo, nos falta un largo tramo para garantizar que ningún niño falte a la escuela, ningún enfermo se quede sin atención médica y que a nadie le falte un techo donde dormir. ¿Pero cómo hacerlo? El único modo de lograrlo es dotando de más recursos al sector público.
El Paquete Económico 2024 nos da algunas pistas sobre dónde podemos obtener los ingresos que nos permitan acabar con la pobreza en el país. Comencemos por analizar las cargas financieras que el gobierno no puede recortar ni eludir. En primer lugar, está el Gasto No Programable, el cual equivale a las obligaciones que tiene el gobierno desde antes de que inicie el año. Este componente incluye el costo del servicio de la deuda, los recursos que se entregan a los estados en forma de participaciones, o los adeudos de ejercicios anteriores a los proveedores del gobierno. Estas obligaciones cuestan un 28% del presupuesto 2024. Asimismo, las pensiones que el gobierno paga son también un gasto inevitable y suman el 15% de los ingresos totales del próximo año.
Un componente ineludible que este gobierno ha añadido a los anteriores es el del gasto social, el cual quedó expresado en cuatro programas presupuestarios elevados a rango constitucional: que son la atención médica y medicamentos gratuitos, el apoyo económico para personas con discapacidad permanente, las becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza y las pensiones para personas adultas mayores. El presupuesto de estos programas asciende al 7% de los ingresos públicos totales del 2024.
Entonces, al sumar el gasto no programable, las pensiones y el gasto en programas sociales, desde antes de que inicie el año, el gobierno ya tiene comprometida la mitad del presupuesto. ¿De dónde podemos sacar entonces más recursos para financiar más derechos? El gobierno actual ha hecho un poco de todo. A partir del 2018, mejoró la eficiencia recaudatoria del SAT, liquidó varios fideicomisos e impulsó lo que conocemos como Austeridad Republicana. Dentro del Paquete Económico 2024, vemos que también se ha propuesto el incremento de la deuda a niveles más elevados con respecto a lo que había hecho en ejercicios anteriores.
Sin embargo, no emprendió nunca el camino de una reforma fiscal progresiva. En este sentido, un primer elemento de mejora es el Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual se cobra sobre los ingresos que recibimos. Mejorar la recaudación por medio de esta fuente de ingresos es conveniente por varias razones: es progresiva, ya que quienes más reciben más pagan; no tiene un costo financiero, como la deuda; no dependen directamente de cuestiones internacionales, como el precio del dólar, lo que las hace más estables; y genera grandes cantidades de recursos: tan solo de esta fuente de ingresos, el gobierno recauda casi un tercio de sus ingresos.
Otra acción que ha faltado en nuestro sistema fiscal es el uso de la riqueza como base gravable, en especial la de las personas más acaudaladas. Este tipo de gravámenes incluye impuestos a la posesión de los activos, como el impuesto a la riqueza neta, o a la transferencia de riqueza, como el impuesto a la herencia. Otras de las medidas en las que se puede mejorar es en la de cerrar los espacios para la elusión y la evasión de los contribuyentes, ya que se estima que hasta 6% del PIB. Desde hace años estas han sido demandas de la sociedad civil que tiene que ser analizada de manera seria por Hacienda.
México, que es una de las 15 economías más grandes del mundo, no puede mantener niveles de gasto público cercanos a los de países menos desarrollados. Es necesario comenzar a recaudar más y mejor, ya que sin recursos públicos es imposible garantizar el acceso a la vivienda, educación pública de calidad o servicios médicos universales. Este, sin duda, deberá ser un tema crucial en las elecciones del siguiente año.
