Jalisco ha vivido una semana difícil de olvidar. Durante estos días hemos presenciado desapariciones de jóvenes a manos de policías de la Fiscalía de Jalisco, abuso policiaco contra transeúntes, la utilización política de la desgracia y, sin duda alguna, la muestra clarísima de la necesidad de renovar a las instituciones policiacas.
El asesinato de Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, generó indignación, condena y movilizaciones de la sociedad jalisciense y el resto del país.
La exigencia por justicia convocó a una gran cantidad de concentraciones, una de ellas el jueves 5 de junio frente a la sede del Poder Ejecutivo local. Mientras algunos manifestantes exigían una investigación diligente y castigo ejemplar a los autores del asesinato de Giovanni López, grupos de choque incitaron a la violencia y cometieron actos tan reprobables como quemar la espalda de un policía. Las corporaciones policiacas, en un intento de contención, utilizaron una fuerza desmedida: golpearon, maltrataron y encerraron a manifestantes que participaban de manera pacífica.
El sujeto que quiso quemar a un policía debe enfrentar sin lugar a dudas la justicia. La violencia con la que actuó la policía, sin embargo, hizo evidente que no se siguió un protocolo para hacer frente a los manifestantes que hacían destrozos y que, por el contrario, su respuesta violenta alcanzó incluso a personas que no estaban siquiera participando de los enfrentamientos.
Justo estos arrestos hicieron que se convocara a una nueva concentración al día siguiente, ahora a las afueras de la Fiscalía. Como respuesta, policías de la Fiscalía vestidos de civiles y armados con palos, tubos y bats, patrullaron el perímetro de la corporación. Detuvieron, amedrentaron, golpearon y subieron a camionetas ilegalmente a grupos de personas que parecían dirigirse a la concentración. Pongámoslo de otra manera: jóvenes caminando en la calle, sin haber cometido ningún acto ilegal, fueron secuestrados por las autoridades por buscar ejercer su derecho a manifestarse.
Los relatos de quienes sufrieron estas detenciones ilegales son escalofriantes. Algunos refieren que les decían que los iban a asesinar o que los iban a “entregar al cártel”. Más de veinte personas detenidas arbitrariamente permanecieron sin comunicación durante el fin de semana. Fue gracias al trabajo en red de activistas y organizaciones sociales que se pudo localizar con vida a todas y todos los que se encontraban desaparecidos. El trabajo de estas personas fue vital, y sin él podríamos estar ante un escenario trágico.
El Gobernador Enrique Alfaro ha señalado que él no dio la orden de golpear y secuestrar a los manifestantes y que los elementos de la Fiscalía actuaron por su propia cuenta. Incluso dejó entrever que la corporación se encuentra infiltrada por el crimen organizado y que probablemente de ahí provendría la orden de la represión.
Por si fuera poco, los secuestros, la muerte de Giovanni, los golpes y las quemas se han usado para polarizar aún más los ánimos. El Gobierno Estatal y Federal se señalan como responsables, se hacen correr las conspiraciones, pero los hechos permanecen.
Frente a estos actos atroces e ilegalidades debe parar el enfrentamiento político. Ya son suficientes desgracias. Es necesario poner la sensatez por delante.
Es esencial, antes que cualquier otra cosa, que la familia de Giovanni reciba justicia. No basta con la detención de los presuntos responsables de este delito monstruoso. Es vital que las condenas demuestren que la desaparición y asesinato de personas por parte del Estado jamás serán tolerados por el Gobierno de Jalisco.
También se vuelve vital que se reforme la Fiscalía del Estado. Para lograr extirpar a los miembros infiltrados e iniciar un proceso de depuración es necesario un cambio de raíz. Esto es lo mínimo necesario para respaldar a policías honestos y para darle certidumbre a la ciudadanía. Una ruta a seguir son las recomendaciones que han hecho distintos colectivos desde la plataforma #FiscalíaQueSirva para dotar de autonomía, probidad y recursos técnicos a quienes realizan el trabajo de investigación y seguridad.
A la par, es tiempo de reconocer que las policías municipales requieren de cambios profundos. Es esencial que como país iniciemos a prestarle atención a estas corporaciones, sus recursos y capacitación. De esto dependen millones de vidas.
Finalmente, el Fiscal Gerardo Octavio Solís debe irse del puesto. La misma Fiscalía que cometió los delitos contra decenas de manifestantes no puede investigarse a sí misma. Su renuncia sería la primera garantía de que se hará justicia en Jalisco.
