Hace una semana nos enteramos de la trágica noticia del asesinato de José Luis Álvarez, ambientalista que dedicó su vida a impulsar el cuidado de la flora y fauna. Los últimos ocho años de su trabajo los desarrolló en la Unidad de Manejo Ambiental Saraguato, instalada en Chablé en los límites de los estados de Chiapas y Tabasco. En este espacio que él fundó se trabaja cotidianamente con el objetivo de preservar al mono saraguato y su ecosistema, el cual lo conforma la selva, las montañas y el río Usumacinta.
En días pasados José Luis había denunciado que dicho cuerpo de agua estaba siendo víctima de extracciones ilegales; particularmente señaló que se estaba explotando sin permisos la arena y el material pétreo del río Usumacinta. Sus compañeros en la Unidad de Saraguato señalan que recibió varias amenazas de muerte, presuntamente por su activismo contra esta explotación, y que incluso solicitó protección para él y su familia. Hace siete días fue encontrado sin vida en el municipio de Palenque, Chiapas. Las versiones de testigos señalan que en la escena del crimen también se encontraron mensajes dirigidos hacia su familia y compañeros.
Tristemente estos ataques son constantes en nuestro país. En la búsqueda de generar dinero gobernantes sin escrúpulos, empresas extractivas y hasta grupos criminales han atacado a quienes tratan de custodiar el ecosistema de sus localidades. No importa si se trata de los preciados bosques de Chihuahua, de las montañas que contienen oro y plata en Puebla o si es en las playas de Jalisco, en todos los sitios se repite el patrón de violencia contra quienes intentan defender la vida sobre el lucro. A través de ataques legales, la fabricación de cargos, criminalizando el activismo o incluso con ataques físicos, han intentado detener la defensa de la naturaleza.
Global Witness es una organización internacional que combate la corrupción gubernamental y que también tiene como bandera la protección y promoción de los derechos de aquellas personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Durante los últimos años ha señalado un incremento gigantesco en el asesinato de activistas y defensores. A la par, ha denunciado las condiciones estructurales que permiten a los gobiernos y empresas utilizar a las instituciones legales mexicanas contra quienes pretenden detener la devastación ambiental.
Particularmente desde 2017 América Latina se volvió el epicentro de ataques violentos contra estas personas. En ese año se registraron a nivel mundial 207 asesinatos de activistas en defensa del medio ambiente, de los cuales 60% sucedieron en México, Brasil, Colombia y Perú. En nuestro país durante los últimos diez años se contabiliza la cifra fatal de 125 asesinatos contra quienes buscaban preservar los ríos, bosques, montes y comunidades.
Este terrible caso no debe quedar impune. Exigir justicia para José Luis pasa no solo con dar con los culpables materiales sino también con quienes planificaron esta atroz acción. Y, sobretodo, pone sobre la mesa la necesidad urgente de que el Estado mexicano comience con una estrategia clara para brindar seguridad y certeza jurídica a quienes cuidan de nuestro entorno natural, nuestras localidades y, de manera indirecta, a nosotros mismos.
Finalmente se vuelve fundamental difundir este caso y solidarizarnos con quienes hoy se encuentran luchando. Que se oiga fuerte y claro que la sociedad cuida de quienes denuncian la corrupción, el despojo y el lucro sobre el bien común. Es tiempo de cuidar a quienes cuidan de nuestro futuro.
