Parece que ha pasado muchísimo tiempo desde los días en que era imposible saber cuánto ganaba un gobernador, quiénes participaban en las licitaciones, y a quienes se beneficiaba con contratos millonarios que los gobiernos celebraban en total opacidad.
En realidad, los avances en materia de transparencia que han hecho posible vigilar de mejor manera al ejercicio de gobierno, han sido resultado de un esfuerzo que se ha materializado en las últimas dos décadas. Y ha sido resultado del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y políticos de todos los partidos e ideologías.
Es evidente que todo organismo público puede mejorar. Es deseable que mantengamos siempre la posibilidad debatir respecto al ejercicio de nuestros derechos. Pero es necesario que este debate se centre en el quid de la cuestión y no nos dejemos llevar por temas accesorios.
Me parece legítimo que el presidente cuestione la utilidad de los organismos constitucionales autónomos, esta discusión debe centrarse en la función que cumplen y la razón detrás de su autonomía.
Como bien apunta el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para El Gobierno Abierto en México, en su más reciente comunicado: “los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas.”
Desmantelar este sistema de contrapesos, bajo la promesa de que la actual administración “no es igual” a las administraciones pasadas, es, digámoslo claramente, pensamiento mágico. Los gobiernos van y vienen, las instituciones perduran en el tiempo.
Ahora bien, hay un segundo argumento del presidente, que puede ser muy bien recibido por una parte importante de la sociedad, me refiero a la promesa de que la eliminación de este tipo de organismos generaría ahorros que podrían ser utilizados para tareas más importantes, como la compra de la vacuna.
En realidad esto es falso, la transparencia sería más cara y tardada si desaparece el INAI. Como bien señaló Luis Fernando García (@tumbolian), director de la Red de Derechos Digitales, actualmente los recursos de revisión sobre transparencia toman aproximadamente 6 meses para ser resueltos, de desaparecer el instituto este periodo podría superar los dos años. Además, para lograr resolver los casos que actualmente llegan al INAI, se requeriría según su estimación, sería necesario al menos seis juzgados de distrito adicionales.
De presentarse la propuesta de desaparición del INAI, las y los diputados tendrán que detenerse a reflexionar, sobre estas cuestiones fundamentales.
Los derechos conquistados tras décadas de trabajo de la sociedad, no pueden echarse por la borda usando criterios meramente económicos, ni recurriendo a la disciplina de partido. Al contrario hay que trabajar para ampliarlos y garantizarlos a todos los mexicanos.
En estos días he recibido numerosas notificaciones de nuevos contactos que han descargado Telegram, luego de que Whatsapp decidiera cambiar sus términos de servicio para debilitar aún más nuestra privacidad. Estos son los temas que deberíamos estar discutiendo actuando en el presente, con miras al futuro: cómo hacer para evitar que nuestros datos personales se vuelvan productos con los que comercian grandes corporaciones, cómo garantizar que los procesos legislativos sean transparentes en cada una de sus etapas, cómo integrar la tecnología para que la transparencia no requiera un proceso “fast track” de 72 horas, sino que sea una realidad diaria al alcance de todos.
El INAI, antes de desaparecer, debe fortalecerse para que los mexicanos contemos con un organismo que cumpla cada vez mejor con su función de tutela del derecho a la información, para que contemos con un aliado de las y los ciudadanos en la protección de los datos personales.
