Cada vez es más frecuente, en las conversaciones con familiares y amigos. El tema inmobiliario, el cómo rentar o comprar una propiedad, genera muchos momentos de estrés y preocupación. Basta con hacer una búsqueda rápida en portales web o grupos en redes sociales dedicados a las actividades inmobiliarias para comprobar, con asombro, cómo los precios han incrementado de un año a otro.
Adquirir una propiedad se vuelve una misión imposible para millones de personas en nuestro país. Según estimaciones de ONU-Hábitat, las personas con menores ingresos económicos tardarían 33 años para pagar una vivienda de interés social, siempre y cuando reciban algún subsidio; en caso de no contar con alguna facilidad gubernamental les tomaría 47 años. La situación se agrava todavía más, si este sector de la población intentara hacerse de una vivienda promedio, en una zona urbana con parques, escuelas y hospitales cerca, le tomaría alrededor de 120 años, algo que sin duda es alarmante y debería preocuparnos.
Los datos que arrojan plataformas de venta y renta de propiedades también son relevantes para conocer la situación actual de la crisis de vivienda que atravesamos. Por ejemplo, el periódico El Informador, en diciembre de 2023, retomó estadísticas de Inmuebles 24, que señalan que las tres principales ciudades del país experimentaron incrementos anuales de más del 10%.
Monterrey es la ciudad que registra la mayor subida de precios en la venta de propiedades, con una alza del 17.6% en noviembre de 2023, esto en comparación con el mismo mes, pero de 2022; sigue la Ciudad de México con un aumento del 16.9% anual y, por último, Guadalajara registró un incremento del 12.9%. Para ponerlo en perspectiva, en Monterrey el valor por metro cuadrado es de 66 mil 442 pesos, en la Ciudad de México es de 56 mil498 y en Guadalajara el costo en promedio es de 43 mil 795 pesos por metro cuadrado. Cuando se hace la multiplicación por 50 o 60 metros cuadrados, la cantidad supera los dos millones de pesos.
El problema se agudiza más cuando comparamos el precio de la propiedad contra el salario de las personas. Por mencionar un ejemplo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara el costo promedio de una propiedad ronda los 6.7 millones de pesos, los inmuebles más económicos rondan los 250 mil pesos, pero se encuentran en puntos sumamente lejanos y con déficit de servicios públicos, tales como seguridad, transporte o alumbrado público.
ONU-Hábitat considera que el costo de la vivienda debe ser tal para que las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otras cosas básicas como la comida o el ocio, para ello se considera que una vivienda es accesible si un individuo o familia destina menos del 30% de sus ingresos en gastos relacionados con la compra o renta de una propiedad.
En otra nota de El Informador, del 12 de enero de 2024, el académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos, menciona que las y los jaliscienses deben percibir un sueldo de 20 a 30 mil pesos mensuales si quieren tener acceso a todos los productos de la canasta básica, así como el pago de servicios como luz, agua, telefonía y gas; esto contrasta demasiado cuando 1 de cada 4 habitantes de Jalisco gana en promedio 7 mil 400 pesos al mes. Esta cantidad es inferior por mucho del precio de renta promedio de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, sabemos que ronda los 24 mil 974 pesos. Si bien se puede conseguir una renta más accesible, eso implica la falta de servicios básicos o tiempos de traslados a escuelas y centros laborales de varias horas al día, lo que disminuye la calidad de vida de las personas.
Frente a este panorama solo queda una correcta intervención y regulación del mercado inmobiliario, esto es sumamente complicado, tal como lo apunta el doctor en sociología por la UNED, Javier Gil, que señala que el mercado ya está regulado, pero a favor de los bancos, de los fondos y de la especulación. El académico también señala que, frente a la crisis de vivienda, queda la organización y la lucha de la sociedad y sus representantes políticos para legislar a favor del derecho a la vivienda.
El que las y los jóvenes, las y los adultos mayores, las personas cuidadoras puedan adquirir o rentar una vivienda digna depende de la suma de esfuerzos en lo político, de otra forma la crisis que experimentamos solo se agudizará. Si hay una luz de esperanza en este panorama, la vemos en el cada vez mayor número de investigaciones que derriban mitos en torno a la vivienda, en la conformación de colectivos, en organizaciones que buscan crear hogares accesibles y ecológicos, así como diversas propuestas legislativas a favor de las personas.
