Como todos lo hemos notado, la inflación en México es alta. Según los datos del INEGI, en octubre alcanzó el 8.41 por ciento anual; es decir, si nuestro ingreso no ha incrementado, con los nuevos niveles de precios nos alcanzaría para comprar 8.0 por ciento menos cosas que el año pasado.
Entre otras cosas, subidas tan pronunciadas en los precios como la que estamos viviendo son preocupantes porque afectan más a quienes menos tienen. Las personas de menores ingresos son quienes, proporcionalmente, destinan la mayor cantidad de recursos al consumo de bienes y servicios y que, además, tienen una menor capacidad para negociar sus salarios. Sí, la inflación nos pega a todos, pero pega de manera distinta.
Por lo general, la inflación se combate a través de la política monetaria, ejecutada por los bancos centrales de los países o regiones, que en el caso de nuestro país es el Banco de México. La medida más común es el alza en la tasa de interés de referencia. Por un lado, esta medida incentiva el ahorro y, por otro lado, disminuye la inversión y corta las expectativas inflacionarias. Se proyecta que la tasa de interés de referencia cierre el año en niveles superiores al 10 por ciento, la más alta en más de una década. Sin embargo, cuando la inflación es muy alta, la política monetaria no es suficiente. Así, los gobiernos emplean políticas fiscales, comerciales o acuerdos políticos entre los actores económicos.
Muchas veces se piensa que frente a la inflación, el único que puede hacer algo es el gobierno federal. Sin embargo, esto no es verdad: los gobiernos locales y estatales pueden, y deben, poner medidas para limitar los efectos de la inflación sobre la población. Podríamos dividir este conjunto de acciones en dos grandes categorías: uno, aumentar el ingreso real de las personas; dos, incrementando y asegurando la oferta de bienes y servicios.
Las políticas de incremento al ingreso real buscan que los ingresos crezcan más rápido que los precios. Primeramente, los municipios deberían implementar una política de gasto social progresivo, orientado a apoyar a las personas que se han visto más afectadas por la inflación.
Por ejemplo, en el municipio de Zapopan propusimos Cerrar la Brecha, un programa que tiene como finalidad cerrar la brecha educativa que se generó entre los estudiantes de educación básica a raíz de la pandemia. Dentro de este programa contemplamos un componente para la entrega de un apoyo alimentario escolar, el cual beneficiaría a las familias con menos recursos para disminuir su gasto en alimentos.
Una medida adicional tiene que ver con las regulaciones estatales y municipales en los asuntos que son de su competencia. Por ejemplo, el transporte público en el caso del gobierno estatal (revisando la eficiencia de los prestadores del servicio); la política de vivienda en el de los municipios (por medio de las normas de zonificación); y la política recaudatoria en el caso de ambos (no incrementando los impuestos de manera regresiva, sin importar la capacidad económica de las personas mas afectadas por la inflación).
El segundo conjunto de acciones tiene que ver con el aseguramiento y el incremento de la oferta de bienes y servicios. Lo más urgente es impulsar la apertura de nuevos negocios y la reapertura de todos aquellos pequeños y micronegocios que acabaron cerrando por las restricciones que vinieron con la pandemia.
A todos nos conviene que haya una mayor oferta de productos, porque al final los costos en los bienes y servicios serán menores. Consideramos que esto debe tener como guía una visión inclusiva, para que desde el gobierno se apoye a todas las personas que buscan emprender. Al respecto, desde Futuro acompañamos “Poder Crear”, una propuesta de Democreadores, organización de la sociedad civil, que busca democratizar el acceso al emprendimiento y la innovación en Jalisco.
Como vemos, los gobiernos a nivel estatal y municipal pueden hacer mucho para aliviar la carga a las personas en momentos como estos.
