En México todavía podemos hacer mucho para mejorar nuestros gobiernos y nuestra democracia. En algunos casos, las reformas que se necesitan son polémicas y separan a la sociedad en bandos. Tópicos como el sistema de representación, las características de los procesos electorales o el modelo de partidos y su financiamiento requieren que nos abramos a un necesario debate nacional.
En buena medida este tipo de reformas legislativas suponen obstáculos y complejidades proporcionales a la polémica que causan. Por ello, con relativa frecuencia, las y los legisladores prefieren desviar su atención y posponer estas modificaciones al trabajo de la siguiente legislatura.
En otro cajón se encuentran reformas poco conocidas por la población, pero que son de vital importancia y que tras difundirse generan una amplia aceptación. Llevar el servicio profesional de carrera a nivel municipal y estatal es una de esas ideas que a primera vista podría parecer insulsa, pero que contiene en sí un enorme potencial para cambiarle el rostro a la política local del país.
El servicio profesional de carrera prevé, entre otros mecanismos, procesos rigurosos para seleccionar a quienes trabajan en la administración pública a través de exámenes profesionales y entrevistas. Es decir, obliga a realizar un proceso público para encontrar y elegir a los perfiles más aptos para sus funciones en vez de ofrecer posiciones en el gobierno como un intercambio de favores.
La mayoría de las entidades renovaron este año sus autoridades ejecutivas, sus gobiernos estatales o municipales. Dado que a nivel municipal y estatal existen escasísimos ejemplos que utilicen estos estándares de contratación para los servidores públicos, durante el proceso de campañas se reportaron presiones hacia quienes trabajan en las administraciones para hacer proselitismo por el partido en el poder. Bajo la consigna de no renovar contratos a quienes no se sumaran a la promoción electoral, los partidos hicieron sentir el “poder de la nómina”.
Quienes nos gobiernan se equivocan pensando que quienes trabajan en sus administraciones deben ser sus promotores, que los puestos se ganan a partir de la simpatía y no de las competencias, y, desde luego, se equivocan al creer que la “lealtad” debe estar antes de la integridad.
A nivel federal, el servicio profesional de carrera en la administración pública quedó establecido desde el 2003. Esta ley fue parte de las reformas que se promovieron con los bríos de cambio tras la alternancia y que buscaban desmontar la herencia de corrupción y tráfico de influencias en el gobierno.
Sin bien es cierto que el impacto de este mecanismo de acceso puede tener áreas de fortalecimiento y mejora, es indudable que muchas personas que hoy trabajan en la administración pública con talento, vocación y honestidad llegaron a ella por esta vía.
Los gobiernos municipales y estatales, que por sus características están en constante vinculación con la población, requieren de personas que tengan un compromiso claro con su comunidad y que no estén supeditadas a los vaivenes de la política electoral. El objetivo es que donde hoy hay operadores y cuates, podamos tener a personas comprometidas, con vocación para transformar su entorno y enfocadas en prepararse todos los días para servir mejor.
Podría parecer menor, pero impulsar el servicio profesional de carrera a nivel municipal y estatal significaría una sacudida necesaria en la manera en la que hoy se elige a la burocracia. Impulsar un cambio así en nuestras entidades requerirá de mucho trabajo, organización y creatividad. Por ello, es vital poner manos a la obra y exigir a los ayuntamientos y gobiernos estatales que quienes están en la administración pública sean las personas que necesita el país.
